La Comisión de Justicia del Congreso dio ayer luz verde al proyecto de ley que contempla la subida generalizada de las tasas judiciales. La medida, aprobada a instancias del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, ha estado rodeada de gran polémica ya que por primera vez las personas físicas en España deberán pasar por caja para poder acudir a los tribunales.
Este proyecto de ley, que se ha tramitado por la vía de urgencia, ha sido rechazado tanto por todos grupos parlamentarios -que este miércoles plantaron en la Cámara Baja al PP- como por jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados.
En concreto, el proyecto legislativo recoge subidas de las tasas que afectarán a aquellas empresas y ciudadanos que quieran interponer una demanda o un recurso en el orden civil y contencioso-administrativo. También se aplicarán el aumento de tasas en la jurisdicción social, aunque sólo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o de casación ante el Tribunal Supremo. Los únicos órdenes que quedan excluidos de este copago judicial son el penal y militar.
Con la aprobación de esta ley, por primera vez los ciudadanos tendrán que abonar, por ejemplo, una cuantía de 800 euros si desean presentar un recurso de apelación, o de entre 500 y 2.000 euros si quieren recurrir una sentencia dependiendo de ante qué tribunal se acuda.
Justicia a dos velocidades
Una gran parte de jueces, fiscales y abogados entienden que la medida creará "una justicia para ricos y otra para pobres" ya que el importante incremento de las tasas limitará la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución.
Además, los profesionales de la Judicatura subrayan que, a diferencia de los depósitos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las tasas no son retornables aunque se obtenga una resolución favorable y se gane el pleito en los tribunales.
También recuerdan que para evitar abusos de tipo procesal ya existen mecanismos legales como la condena en costas para quienes recurren una y otra vez a los tribunales.
Por su parte, desde el Gobierno se defiende la ley destacando que con la imposición de las tasas se frenarán los abusos de los recursos públicos en la Administración de Justicia. Con las nuevas tasas, el Ministerio de Ruiz-Gallardón prevé recaudar unos 306 millones de euros frente a los 160 de ejercicios anteriores.