Andalucía fue una de las regiones más beneficiadas con Madrid y Cataluña por haberse utilizado el criterio de la población como elemento básico de la distribución del dinero del plan estrella del gobierno Zapatero. Sólo dos municipios andaluces de tamaño medio bajo, Manilva y Barbate, no recibieron fondos de este Plan perdiendo unos seis millones de euros. Andalucía recibió nada menos que 1.404 millones de euros por este concepto y el conjunto del plan en toda España supuso el gasto de casi 8.000 millones de euros. En Andalucía más del 70 por ciento de los proyectos fueron adjudicados aplicando la contratación menor y sin publicidad. Todo está reflejado en el informe que sobre el Plan E ha hecho el Tribunal de Cuentas.
Además de otras muchas irregularidades, casi en ninguno de los municipios se cumplió la promesa de contratación de desempleados según los compromisos adquiridos previamente. Según la normativa desarrollada para la adjudicación de estos fondos, el Secretario de cada municipio agraciado con ellos debía remitir al Ministerio un listado de los desempleados que se pensaba contratar para la realización de las obras. Pero nunca se exigió la certificación pertinente, no se establecieron las consecuencias que tendrían sus incumplimientos.
En el caso de que las empresas adjudicatarias de las obras no contratasen a trabajadores desempleados podía interpretarse como incumplimiento de contrato, se dice en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Pero se tiene constancia de numerosos incumplimientos como puede verse en el cuadro que acompaña a la información.
Además, El Mundo analiza este lunes algunas de estas irregularidades provincia a provincia. Por ejemplo, por poner sólo algunas por provincia, en Almería un colegio construido por iniciativa del Ayuntamiento de Huércal-Overa en la pedanía de Santa María de Nieva, que costó 300.000 euros, reúne, según el Tribunal de Cuentas, todas -o casi- las irregularidades posibles, desde la preparación y adjudicación de los contratos, a la ausencia de facturas justificativas -la obra se hizo en tiempos del socialista Luis García Collado-.
La obra, calificada de urgencia para ser construida con los fondos del Plan E, fue adjudicada a Dizu SL, una empresa amiga del entonces equipo de gobierno frente a otras. la oferta de una de éstas se desestimó porque implicaba la contratación de un número superior de trabajadores al fijado.
En Cádiz, la diferencia en el número de contrataciones previstas y los puestos de trabajo es destacable. Por ejemplo, en la construcción del centro administrativo y de servicios sociales de la zona norte, en Jerez, que incluía 52 nuevos puestos de trabajo, se llevó a cabo sin realizar ninguna nueva contratación, según el informe del TC. Con un presupuesto de más de 4,6 millones el 99% estaba previsto que se dedicara a gastos de personal. Tampoco en La Línea de la Concepción se contrató a ningún parado en siete proyectos.
En Córdoba, también es el desfase entre el número de parados a contratar y el que finalmente se contrató la irregularidad más sangrante y frecuente en las obras del Plan E. El Tribunal de Cuentas ha detectado hasta 21 obras de nueve municipios en la que las empresas adjudicatarias incumplieron su compromiso de contratación de desempleados en más de un 10 por ciento o en más de dos trabajadores. En el caso del Centro de Actividades Ciudadanas de Noreña, más conocido como la lonja ambulante de las Setas de la capital, entonces gobernada por PSOE e IU, de los 130 desempleados que se iban a contratar para la ejecución de las obras tan solo se ocuparon a 67.
Otro de los proyectos que acumuló retrasos e irregularidades fue el traslado de las oficinas municipales a las nuevas dependencias de la zona de preferencia de El Estadio de El Arcángel. El presupuesto de la remodelación con cargo a los fondos FEIL ascendía a casi 4,5 millones pero aún no se ha efectuado el traslado.
En Granada, las irregularidades más abundantes se dan en la localidad de Loja donde se colocaron farolas que costaron más de 800.000 euros y tuvieron que ser recolocadas en el segundo plan E. También el acondicionamiento del barrio árabe de Alhama incluyó irregularidades como inexistencia de documentos contractuales y ejecución irregular.
Una piscina de Huelva es objeto de la atención del Tribunal en la localidad de Lucena del Puerto. Promovida por el Ayuntamiento en 2006, no pudo realizarse por falta de recursos hasta el plan E. Su construcción se hizo a través de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado, pero se incumplió el requisito de elegir la oferta más ventajosa. Es más, con la obra así terminada, un informe descubrió que el hormigón empleado tenía graves problemas de resistencia que conllevaban "un importante riesgo de accidente". Se paralizó el proyecto pero el Ayuntamiento de Lucena del Puerto inauguró las instalaciones en 2009 pese a las advertencias. Como en las demás provincias, la diferencia entre el número de desempleados comprometidos y los efectivamente contratados fue hasta del 100 por cien en algunos casos.
El segundo proyecto más retrasado, en Marbella
El Ayuntamiento de Marbella –Málaga– fue el responsable del segundo proyecto más retrasado de España. Se trató de la construcción de nave logística del Ayuntamiento de Marbella que se puso en marcha 616 días después de lo previsto, sólo superado por los 676 días que el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) tardó en prestar un servicio de banda ancha acogido a estos fondos.
Fue un presupuesto de más de dos millones de euros, que se acabó en mayo de 2010 y que no entró en funcionamiento hasta enero de este año. En su descargo hay que decir que el retraso fue causado por problemas en el suministro eléctrico mientras se trabajaba en el centro de transformación. En la provincia, casi todos los proyectos analizados por el TC presentaban irregularidades.
Los casos de Sevilla y Jaén
En Sevilla, el Ayuntamiento gobernado por PSOE e IU, usó el dinero para proyectos electoralistas. De hecho, la ampliación del tranvía desde el Prado hasta San Bernardo y la construcción del carril bici, están plagados de irregularidades, desde el fraccionamiento de contratos para saltarse las exigencias de la adjudicación y retrasos, hasta el desprecio al rigor presupuestario. El proyecto más irregular es el de los carriles bici, inspirado por IU, y asimismo, la segunda fase del tranvía.
Lo de Jaén, dejado para el final por su espectacularidad, es de traca. La exalcaldesa socialista, Carmen Peñalver decidió construir un parque acuático conocido como "la playa del lagarto", plagado asimismo de irregularidades desde los problemas en la preparación de los contratos, falta de información en los mismos y, sobre todo, retrasos. El gobierno PSOE e IU quería abrir el parque al público en verano de 2011, pero tras haber invertido más de 8 millones del plan E y quedando aún el 20 por ciento del proyecto por construir, el nuevo gobierno del PP renunció a terminarlo por falta de dinero, nada menos que otros cuatro millones de euros sin contar los equipamientos. En su lugar se anunció la construcción del Centro Deportivo y de Ocio La Imora, aprovechando las instalaciones: aparcamiento con 300 plazas, cafetería, taquillas, oficinas y vestuarios, más pistas de tenis, esquí, karting, rocódromo, gimnasio, spa o cabañas para campamentos.