Como se esperaba, el PSOE limitará la exigencia de responsabilidades a la Dirección General de Trabajo de la Consejería correspondiente. IU no se decanta aún, pero es probable que cargue las tintas sobre niveles menores del gobierno de la Junta (consejerías para abajo e Intervención) y el PP ya ha presentado un avance de sus conclusiones en las que exige la dimisión como "principales responsables políticos", de los expresidente y presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce excargos de la Administración autonómica entre 2001 y 2010.
La sorpresa ha saltado en los juzgados sevillanos donde el juez sustituto ha ordenado el secreto del sumario por haberse iniciado nuevas investigaciones inspiradas por la Policía que podrían dar nuevos datos de la trama implicada en el uso del "fondo de reptiles". Las conclusiones de la Comisión de Investigación se presentarán oficialmente mañana viernes.
Estos doce excargos, para los que el PP-A solicita la dimisión de las responsabilidades públicas que ostenten en la actualidad, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; los exdirectores de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler; la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.
Según el PP, Chaves y Griñán, junto con estos altos cargos, "convivieron durante años con un sistema totalmente corrupto" y que tiene que "asumir su responsabilidad política" al quedar "probado que la Presidencia de la Junta conoció y amparó por conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta".
Las conclusiones principales del PP
El PP-A ha destacado como "hechos probados" que en el seno del Gobierno andaluz "se articuló un instrumento ilegal, arbitrario y opaco de ayudas del que se han derivado numerosas ilegalidades y un menoscabo de fondos públicos evidente" y que durante los años investigados funcionó "una trama que otorgó ayudas fraudulentas y de la que se beneficiaron los propios miembros del Gobierno Andaluz, amigos y familiares afines al Gobierno y al Partido Socialista, empresarios próximos al poder, despachos de abogados, mediadores, compañías de seguros, comisionistas, quienes recibieron cuantiosas subvenciones y comisiones concedidas sin norma y sin control".
Entre sus 42 conclusiones, el PP andaluz insiste en que esto "no era cosa de tres o cuatro golfos" y que, "habida cuenta del dilatado tiempo en que funcionó este mecanismo de reparto de dinero público y el caso omiso que hizo el Gobierno andaluz de las alarmas que detectaron el fraude, desde el Ejecutivo se ideó, se toleró y se tapó una forma de proceder claramente ilegal" porque hasta 2011 no se aprobó una norma que regulara las ayudas sociolaborales con requisitos, plazos y normas de control.
El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, dijo ayer que las ayudas concedidas, "además de ilegales, son nulas de pleno derecho como así lo ha confirmado el propio Gobierno andaluz a través de las resoluciones masivas aprobadas por la Consejería de Empleo declarando la nulidad de todas las subvenciones del programa 31L" y que, pese a ello, y pese a "15 ocasiones" en las que la Intervención General "dio cuenta fehacientemente a las Consejerías de Empleo, Innovación Ciencia y Empresa y Economía y Hacienda de las ilegalidades detectadas", este sistema de concesión de ayudas continuó "sin que nadie pusiera remedio".
Sobre las declaraciones del exinterventor general Manuel Gómez asegurando que "en solo 24 horas la Junta pudo acabar con el fraude" en los ERE, Rojas ha señalado que "más claro no se puede ser". "¿Qué más hace falta que pase en Andalucía para que Griñán asuma sus responsabilidades políticas?", se ha preguntado tras referirse también al caso Invercaria.
Cuestionado igualmente sobre si, en este caso, el exinterventor general también pudiera tener alguna responsabilidad, el popular ha diferenciado entre las "responsabilidades políticas" que se buscan dilucidar en la comisión de investigación del Parlamento y las "responsabilidades jurídicas" que, en su caso, pudieran existir y que corresponderían a la justicia. "Si se derivan otras responsabilidades, serán los tribunales los que las determinen", ha zanjado.
Entre las conclusiones de los populares también se exigirán "responsabilidades" al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, en caso de que éste, en lo que sería una actitud "del todo reprochable" a juicio del PP-A, no entregue de aquí al viernes el "expediente completo" sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta y solicitado por la comisión de investigación. "Si esto no se corrige por parte de la Cámara de Cuentas, también vamos a reflejarlo en nuestras conclusiones", ha advertido tras recordar que López es el "máximo responsable" de que ese informe llegue "completo" a la comisión.
Rojas también ha señalado al respecto que detrás de esta falta de colaboración por parte de la Cámara de Cuentas existe una "clara intencionalidad política", por lo que ha exigido al presidente de la comisión, Ignacio García (IU), que "busque inmediatamente" lo que falta porque, a su juicio, "si de verdad lo quisiera, podría tenerlo ahora mismo". "Tiene que haber transparencia de la A a la Z y García tiene que estar en ese camino", ha indicado el popular para reclamarle al presidente de la comisión que pida "ya" ese expediente completo, algo que García ha vuelto a hacer esta mañana pero que en el momento de la rueda de prensa de Rojas aún no se había dado a conocer públicamente.
Nueva investigación y secreto del sumario
El juez sustituto de Mercedes Alaya en el Juzgado de instrucción seis de Sevilla, Iván Escalera, ha decretado el secreto del sumario de la investigación de los ERE fraudulentos durante al menos un mes. Al parecer, hay indicios de nuevos delitos de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales. El secreto ha sido solicitado por la Guardia Civil para practicar nuevas diligencias "sobre personas físicas y jurídicas no imputadas" que considera que deben ser esclarecidas en las diligencias de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía.
Nada ha trascendido de las personas y los hechos a que se refiere la investigación de la UCO pero el auto, firmado ayer, basa esta decisión en que se considera "imprescindible adoptar esta medida en este momento" a la vista de los hechos puestos de manifiesto por la Guardia Civil de unos hechos que, aunque no revela, dice, si tuvieran publicidad podrían quedar "desvirtuados". Tales nuevos hechos son "indiciariamente constitutivos de nuevos ilícitos penales de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Y considera que si se diera publicidad a esas diligencias que debe practicar la Guardia Civil podrían llevar a alguna parte a "manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba" anulando así la acción policial y judicial.
Los nuevos imputados que se deriven de esta investigación no están, naturalmente, entre los 69 imputados ahora en la trama, entre ellos el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustin Barberá y los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. También empresarios, mediadores y abogados.