Tampoco en los juzgados y tribunales españoles puede hablarse de éxito de la décima huelga general de la democracia. Más bien de todo lo contrario, de fracaso.
Según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tan sólo 80 magistrados de los 4.600 que componen la Carrera Judicial comunicaron a la Secretaria de este órgano su intención de secundar la huelga. Esto supone que sólo un 1,74 por ciento de los jueces han decidido no acudir este miércoles a sus puestos de trabajo.
Los datos, que han sido trasladados a la Comisión Permanente del CGPJ, también reflejan que el 14,7 por ciento de los funcionarios que trabajan en el órgano de gobierno de los jueces han hecho huelga aunque este porcentaje baja hasta el 10 por ciento al incluir a los jueces en prácticas de la Escuela Judicial, de los que sólo dos han secundado el paro.
El determinar si los jueces tienen derecho a huelga o no es una cuestión polémica que se lleva debatiendo durante años en el seno de la Carrera Judicial. Mientras las opiniones entre los juristas son diversas, la ley española no regula este derecho para los miembros de la judicatura.
Por su parte, desde el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz Gallardón, se ha informado de que en torno al 10,48 por ciento el seguimiento del paro entre los funcionarios de la Administración y el personal laboral al servicio de la misma en el territorio que aún no tiene las competencias transferidas (Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia).
En algunos de los tribunales más importantes de España como son el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, la sombra de la huelga ha sido prácticamente imperceptible.