La Comisión de valoración de sufrimientos injustos y abusos policiales, dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, ha dictaminado que los terroristas de ETA Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot, alias Txiki, fallecidos en 1975, fueron víctimas de "sufrimientos injustos". Piden por ello una reparación económica para sus familiares de hasta 135.000 euros.
Los dos etarras, reconocidos ahora como víctimas de "sufrimientos injustos", cometieron sendos asesinatos en 1973 y 1975. Ángel Otaegui Echevarría, alias Caraquemada y Azpeiti, fue juzgado por un Consejo de Guerra el 28 de agosto de 1975 en Burgos por el asesinato del cabo de la Guardia Civil Gregorio Posada Zurrón el 3 de abril de 1974. Otaegui fue fusilado el 27 de septiembre de 1975. El mismo día fueron fusilados Juan Paredes Manot, alias Txiki, y tres miembros del FRAP (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz). Paredes Manot, Txiki, participó en el tiroteo que acabó con la vida del agente de Policía Ovidio Díaz López el 6 de junio de 1975 tras atracar un grupo de etarras una sucursal del Banco de Santander en Barcelona.
La Comisión ha recibido 55 solicitudes
En rueda de prensa celebrada en Bilbao, junto a la presidenta de la comisión, Inés Ibáñez de Maeztu, han estado presentes la magistrada Manuela Carmena, el asesor de la Oficina de Atención a las Víctimas, Txema Urkijo, el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles, el doctor en psicología Carlos Martín, el historiador José Antonio Pérez y Mónica Hernando, miembro del foro de asociaciones de educación en derechos humanos.
En la cita se ha subrayado que la comisión ha recibido 55 solicitudes, 21 de ellas por fallecimiento, 32 por lesiones y dos sin determinar. De todas ellas se han analizado 15 expedientes de los que se han resuelto 11. De estos 11 expedientes resueltos, tres han sido inadmitidos por haber sido ya reconocidos como víctima del terrorismo o por estar fuera del ámbito material y temporal. Por su parte, ocho han sido tramitados como favorables –siete por fallecimiento y uno por lesiones permanentes–. Todos los dictámenes han sido aprobados por unanimidad.
Entre los expedientes tramitados como favorables se encuentran los de Ángel Otaegi y Juan Paredes Manot Txiki –fusilados en Burgos y Barcelona en 1975–, Antonio Fernández Elorriaga (1969), Francisco Javier Núñez Fernández (1977), Antxone Telleria Mendia (1977), Segundo Urteaga Pérez de Unzueta (1969), Francisco Javier Batarrita (1961) y Alberto Soliño Mazachs (1976). El motivo es que habrían sido víctimas de "sufrimientos injustos" entre los años 1960 y 1978.
Tras la aprobación de los ocho dictámenes favorables, la Comisión ha propuesto a la Consejería de Interior y Justicia del Gobierno vasco el reconocimiento de su condición de víctima y "las consecuencias que lleva establecidas" el decreto 107/2012.
Asimismo, la Comisión ha elevado en todos los dictámenes y en el informe final que presente cuando se produzca la transmisión de poderes al nuevo Gobierno y Parlamento vasco, la recomendación de que se lleve a cabo una consideración del "deber de memoria" y se incluya a estas personas y sus familiares en actividades colectivas de reconocimiento de las víctimas.
Petición al Estado
Además, la Comisión tiene previsto solicitar al Ejecutivo vasco que se dirija a las instituciones del Estado con el objeto de que éstas tengan en consideración también el "deber de memoria" de estas víctimas. "Planteamos el reconocimiento de víctima, no un homenaje a nadie. Además, Gobiernos del PSOE y del PP ya ha realizado reconocimientos como víctimas del terrorismo a miembros de ETA", ha advertido Urkijo, para añadir que consideran que "no tiene que haber polémica" en esta cuestión.
Asimismo, han remarcado que "a partir de mañana" se propondrá a la consejera de Interior para que se proceda al reconocimiento de estas ocho personas antes de que se lleve a cabo el cambio de Gobierno en la comunidad vasca.
Reparación económica
Por lo que respecta a la reparación económica que corresponde a las víctimas y sus familiares éstas ascienden a 135.000 euros en casos de fallecimiento y un abanico de entre 35.000 y 95.000 en el caso de lesiones. En esta línea, la Comisión ha reconocido que se confía en realizar los pagos en un plazo de mes y medio o dos meses.
Respecto a las dificultades encontradas en la labor desarrollada han destacado que el hecho de que todos los miembros de la comisión en pleno hayan escuchado a las víctimas ha demorado el trabajo así como la lejanía en el tiempo de los casos analizados.
En este sentido, han subrayado que no ha habido "reticencias" por parte de ninguna administración a la hora de facilitar documentación, pero al tratarse de asuntos antiguos en la propia administración de justicia había expedientes que no se han podido localizar.
Según ha subrayado por su parte Carlos Martín Beristain, la comisión ha escuchado a todas las víctimas ya que esto se ha considerado un "elemento central para que la comisión no fuera una ventanilla sino un espacio para acoger su dolor".
En este sentido, ha destacado el que se ha ofrecido a las víctimas el que su testimonio sea parte de un fondo de memoria de casos que no han sido escuchados y "memorias no tenidas en cuenta".