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El juez del caso Palau cita al jefe de la UDEF para que explique el informe sobre Mas y Pujol

Además, en un comunicado, el juez "desmiente rotundamente" que se haya apartado a los Mossos del caso Palau. 

El juez que instruye el caso del Palau de la Música de Barcelona ha citado al responsable de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en relación con el "borrador" de un informe que acusa a Artur Mas y a Jordi Pujol de cobrar comisiones de empresas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha difundido un comunicado del titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, que anuncia que este lunes mismo ha sido convocado a una reunión al comisario jefe de la UDEF de la Policía Nacional. El motivo de esa reunión es, según el comunicado, que el comisario responsable de la UDEF "dé cuenta sobre las informaciones publicadas estos días en el diario El Mundo".

Este periódico ha publicado un "borrador" de un informe elaborado por la UDEF de la Policía Nacional que mantiene que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y el expresidente catalán Jordi Pujol, además del consejero Felip Puig, han cobrado en sus cuentas personales parte de las comisiones que empresas adjudicatarias pagaban a CDC a través del Palau de la Música.

El juez ya emitió un comunicado el pasado viernes, a raíz de la primera información sobre el "borrador" publicada por El Mundo, en el que negaba que hubiera encargado a la Policía un nuevo informe sobre el caso, más allá del que le remitió el pasado mes de mayo, que señalaba que CDC recibió presuntamente comisiones de empresas adjudicatarias de obra pública de la Generalidad a través del Palau.

"Desmiente" que se haya apartado a los Mossos

En el comunicado de este lunes, el juez Josep Maria Pijuan, por otra parte, "desmiente rotundamente" que se haya apartado a los Mossos d'Esquadra de la investigación del caso del Palau de la Música, así como "las informaciones sobre los motivos por los que se encomendó a la UDEF" el caso.

De esa forma, el magistrado sale al paso de la información publicada también este lunes por El Mundo, que en base al citado "borrador" señala que los Mossos d'Esquadra que tenían encomendada la investigación del caso del Palau destruyeron u ocultaron al juez pruebas que incriminaban a cargos de CDC.

La policía catalana fue la encargada de los registros practicados en el Palau de la Música en el año 2009, cuando se inició la investigación judicial bajo la dirección del magistrado Juli Solaz, que en enero de 2011 dejó el juzgado de instrucción para ocupar una plaza en la Audiencia de Barcelona.

Tras un breve paréntesis en que fue asumida por un juez sustituto, la investigación del caso del Palau de la Música pasó a ser dirigida por el magistrado Josep Maria Pijuan, expresidente de una sala de la Audiencia de Barcelona que se hizo cargo del juzgado de instrucción número 30 de la capital catalana.

En el marco de la pieza separada abierta para aclarar si el Palau de la Música ejerció de intermediario en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC, Pijuan encargó a la UDEF un informe policial sobre los movimientos económicos de la institución cultural para seguir el rastro del supuesto desvío de fondos. El informe que la UDEF remitió el pasado mes de mayo el juez señalaba que no sólo Ferrovial, sino otras empresas adjudicatarias de obra pública de la Generalidad, habían pagado supuestamente comisiones a CDC a través de su fundación afín Trias Fargas -actual Catdem.

El juez, a petición de la Fiscalía, envió ese informe al Tribunal de Cuentas para que investigue si ese supuesto pago de comisiones pudiera constituir un caso de financiación irregular de la formación nacionalista. El pasado mes de julio, Pijuan, que está a punto de cerrar la instrucción del caso del Palau de la Música, ordenó el registro de los domicilios de Félix Millet y su mano derecha Jordi Montull en busca de documentación útil para averiguar el destino del dinero, ya que hasta ahora sólo se ha podido seguir el rastro de la mitad de los 30 millones defraudados por la entidad.

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