La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, su exsocio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados, entre ellas Aizoon, participada al 50% por la infanta Cristina.
El fiscal Pedro Horrach ha solicitado de este modo que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se dé traslado a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien y hagan las alegaciones que estimen oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto mediante el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.
Se trata de una fianza a la que, en caso de ser acordada por el magistrado, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria los imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.
Además de Nóos y Aizoon, las sociedades mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management.
"Ejercicio arbitrario de poder"
Horrach, en un pormenorizado escrito de 175 páginas, subraya respecto a las actuaciones investigadas, que "el ejercicio arbitrario del poder es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora", y asevera que los convenios de colaboración suscritos entre las comunidades valenciana y balear y Nóos son "fruto de una actividad delictiva predeterminada" así como, incide, de decisiones adoptadas mediante "un ejercicio abusivo de poder".
Todo ello, afirma el fiscal, con la única finalidad de "beneficiar a una determinada entidad", en alusión a Nóos, "al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública". Unas consideraciones tras las cuales el escrito incluye un extenso desglose de todas las facturas emitidas en torno a la contratación de los distintos eventos por los que cobró el Instituto.
Tal y como precisa el fiscal Pedro Horrach, los representantes de las Administraciones, en el caso de Baleares bajo el último mandato de Jaume Matas y en el de la Comunidad Valenciana con Francisco Camps como presidente, tomaron decisiones administrativas "arbitrarias e injustas", adoptadas "al margen de cualquier expediente administrativo", puesto que la apertura del preceptivo expediente "hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar" a Nóos.
De esta forma, los responsables políticos pactaron de forma verbal con los representantes de Nóos la celebración de los congresos denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit, que el Instituto comenzó a organizar y desarrollar, según el fiscal, "con anterioridad a la formalización de los propios convenios de colaboración".
Sin embargo, ni Urdangarín ni Torres serán los únicos para quienes el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que será más adelante cuando, previsiblemente, reclamen una nueva caución para otros imputados de la causa, a razón de su intervención en este entramado societario.
Mientras tanto, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también ha presentado esta mañana su escrito, de 30 páginas, en el que pide la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las comunidades autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.
Tanto la Fiscalía como Manos Limpias plantean como petición alternativa una fianza civil de 5,9 millones de euros. Estiman que ésa es la cantidad que obtuvieron los encausados a través de esta trama. Por su parte, la Abogacía de Baleares, acusación particular en este proceso, no ha presentado ninguna solicitud en este sentido.