La vicepresidenta del Gobierno justificó este viernes las nuevas tasas judiciales de la ley Gallardón en que el Gobierno está llevando a cabo una profunda reforma de la administración de Justicia para "reducir el exceso de litigiosidad".
Soraya Sáenz de Santamaría amparó la subida de tasas en que "es un instrumento común en toda Europa para financiar la Justicia", que el nuevo impuesto está "por debajo de los porcentajes" que en otros países y en que "no son nuevas, existen desde 2002".
La vicepresidenta dijo que en España existe un sistema de asistencia gratuita para personas sin recursos que no pueden litigar que supone la eliminación de las tasas, y anunció que el Gobierno elevará los umbrales para acceder a este tipo de justicia, ampliándolos, sin especificar cuantía.
Actualmente tienen derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita las personas físicas cuyos ingresos no superen, por unidad familiar, el doble del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que en 2011 supone 14.920'28 euros anuales (consultar para revisión anual: www.iprem.es).
Por último, Sáenz de Santamaría dijo que otra de los elementos positivos de la nueva ley es que "el condenado pagará las costas". Es decir, "si para que se reconozcan mi derecho tengo que recurrir", al final será el condenado el que pague, eludiendo aclarar el desembolso que tendrá que hacer el ciudadao para recurrir.
"Entiendo que los usuarios y judicatura se vean afectados por como venía articulánsose hasta ahora el asunto, pero al gobierno le corresponde tomar decisiones que no siempre son fáciles ni populares". Y se quejó de que le piden al Gobierno que haga reformas "hasta que le toca su ámbito". El Gobierno, dijo "trata de acertar".