Divinas palabras es como ha titulado el ex Interventor General de la Junta de Andalucía la carta que ha remitido al Parlamento de la región. En ella acusa a los miembros de la Comisión de Investigación autores de esta "infamia", de haber ocultado "deliberadamente los datos, testimonios e informes más relevantes y pertinentes de los que disponía la Comisión, todos ellos, sin excepción, opuestos al contenido de las Conclusiones aprobadas por mayoría. Se trata, por tanto, de un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los EREs. Es más, considera "probablemente punible" el comportamiento de José Antonio Griñán.
De hecho, dice lo que sigue: "La Comisión de Investigación sabe que la Intervención advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del Programa 3lL y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi 10 años (que se dice pronto) para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo. Este descuido, probablemente punible, es la verdad de este asunto, Sr. Presidente, y lo demás son monsergas o excusas de mal pagador."
Según Manuel Gómez, el exinterventor aludido, la Comisión ha ocultado el informe jurídico de la Cámara de Cuentas que eximió de toda responsabilidad a la Intervención General de la Junta, ahora convertida en chivo expiatorio. Añade el exinterventor que el criterio del Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas es compartido -y lo han hecho por escrito- por los 3 últimos Interventores Generales de la Junta de Andalucía, incluido el actual y, como no podía ser de otra forma, por la propia Cámara de Cuentas, que nada reprocha a la Intervención General en su reciente informe definitivo sobre los eres".
Pregunta Gómez "en qué dictamen, informe, testimonio o asesoramiento se ha basado la mayoría de la Comisión para llegar a semejante conclusión; o qué cualificación poseen sus integrantes para realizar por su cuenta y riesgo una interpretación jurídica contraria e incompatible con la que han realizado los órganos especializados ante la propia Comisión o que consta reflejada en los informes y demás documentos que han estado a su disposición.
Por tanto, sigue la carta, "la conclusión de la mayoría de la Comisión sobre el informe de actuación podría ser calificada de caprichosa, si no fuera porque es extraordinariamente nociva y perturbadora...Pero, donde el Dictamen de la Comisión de Investigación alcanza las más altas cotas de la extravagancia es al enjuiciar a la Consejería de Hacienda -entonces dirigida por el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán-.
Según el exinterventor, "los titulares de la Consejería y de la Viceconsejería, que recibieron las auditorías en las que la Intervención ponía en su conocimiento las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo" no hicieron nada para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los EREs.
El ex alto cargo de la Junta llama "complot" a lo ocurrido en la Comisión de Investigación y lo describe de este modo: "políticos de ínfima categoría llevan meses -años ya- tratando de engañar a los ciudadanos con el señuelo del informe de actuación, 'divinas palabras' que utilizan como espantajo con el que pretenden alejar las sombras de las responsabilidades que se ciernen sobre ellos. Después del informe jurídico de la Cámara de Cuentas y de la opinión escrita de los 3 últimos Interventores Generales, quien quiera seguir engañando a los ciudadanos con esta añagaza del informe de actuación, como el sacristán valleinclanesco, deberá hacerlo en latín, porque en castellano sólo conseguirá embaucar a los 3 crédulos diputados de Izquierda Unida en la Comisión de Investigación".
Se lamenta del ex Interventor de la "mancha" que el dictamen aprobado arroja sobre la Intervención General de la Junta de Andalucía. De hecho, tal dictamen mancha "el nombre y el prestigio técnico-profesional de la Intervención de la Junta de Andalucía, como institución, y de sus funcionarios, cuya moral y estímulo pueden verse seriamente afectados. Por si alguna duda había, ahora ya saben los interventores y casi me atrevería a afirmar que todos los empleados públicos de la Junta de Andalucía cómo se las gasta una comisión parlamentaria de investigación, cuya mayoría no ha dudado en utilizarlos como pantalla tras la que esconder las vergüenzas de políticos corruptos de la peor especie".
Finalmente ruega a los políticos andaluces que "no nos hagan pasar a todos los andaluces la vergüenza de que toda España contemple cómo el Parlamento de Andalucía ratifica un bodrio del calibre que ha expelido la mayoría de la Comisión de Investigación. Por otro lado, sería un sarcasmo que difícilmente entenderían los ciudadanos persistir en el reproche al Interventor General de la Junta de Andalucía, con el desatinado, falsario y amortizado asunto del informe de actuación, mientras se ignora la incuria decenal de los sucesivos miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía, que con tan poco provecho e interés recibieron las auditorías, verdaderos responsables, por acción u omisión, del más vergonzoso caso de corrupción de nuestra historia.
"Si tal fuera el resultado, Sr. Presidente, habrían protagonizado ustedes un episodio digno de entrar con todo merecimiento en la 'Historia universal de la infamia'. Aunque, bien pensado, no es infame el adjetivo que mejor le cuadraría al episodio. Sería más adecuado motejar de grotesco semejante resultado, de modo que estoy seguro de que el Parlamento de Andalucía evitará cuidadosamente caer en él, con el fin de no convertirse en el hazmerreír de la nación. Evite usted esa vergüenza, Sr. Gracia", le advierte al presidente del Parlamento andaluz.