La comisión se cierra sin conclusiones tras cinco meses porque el dictamen establecía como responsable principal a Francisco José Guerrero, algo que no han aceptado PP e IU. La situación es presentada de diferente manera según los actores políticos. El más llamativo es el papel de IU, que dice sentir vergüenza por el desenlace de la obra, pero olvida interesadamente cuál ha sido su participación en la tramoya. Dados los hechos, el Parlamento andaluz no ha condenado a nadie, pero tampoco declara inocente a nadie. El presidente de la comisión, Ignacio García, de IU, dijo que "es una vergüenza" que difícilmente podrán entender los ciudadanos, pero cargaba de culpa al PSOE y al PP. Al primero, por haber limitado la responsabilidad al ex director general Francisco Javier Guerrero y al ex interventor Manuel Gómez, y al segundo, por haber querido extender a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y a muchos de sus subordinados la responsabilidad política del caso.
La ponencia de síntesis propiciada por IU pretendía sostenerse en la equidistancia política entre PSOE y PP. No condenada a Chaves ni a Griñán, como quería el PP, pero sí acusaba a los ex consejeros de Trabajo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, algo que no quería el PSOE.
Ahora, tampoco ha sido aprobado este dictamen, que representa fielmente la tesis del PSOE, porque IU y el PP lo rechazan, la primera porque no incluye a los ex consejeros Viera y Fernández y el segundo porque olvida que, entre los responsables, deberían estar el actual presidente de la Junta y su antecesor y otros 14 ex altos cargos.
Izquierda Unida pensó cumplir a rajatabla la teoría de Chaves de los "cuatro golfos": Viera, Fernández, Guerrero y el ex interventor Gómez, pero ha quedado desarbolada cuando el PSOE, aprovechando una treta de votaciones, redujo incluso a dos golfos el planteamiento inicial, faena que ha sido insoportable para una parte de IU que pretende ahora olvidar qué caminos han conducido a este fiasco.
PSOE e IU impusieron un calendario imposible de cumplir salvo con limitaciones que no podían dar lugar a un conocimiento exhaustivo de los hechos. Deliberadamente, se trató de agrupar primero todas las comparecencias en diez días entre el 23 de julio y el 3 de agosto, lo que se conoció como la Comisión "exprés", siempre con la protesta del PP, al que se le impuso sin miramiento. Luego se trasladaron a agosto con el mismo formato.
La urgencia y la falta de pericia del presidente de la Comisión propició que muchas de las citaciones no fueran emitidas en tiempo y forma, lo que provocó retrasos.
Recuérdese que el formato de las comparecencia fue, finalmente, de tres horas, dos de las cuales las gastaba el compareciente en declarar sólo una, esto es, 20 minutos por partido representado en la Comisión, en preguntar.
La existencia de un proceso judicial paralelo hizo que numerosos comparecientes no quisieran declarar en la Comisión, quedando, por ello, vacíos innegables en la investigación del caso.
Aún no ha explicado por qué más de la mitad de la documentación que el PP había solicitado fue vetada por el PSOE e IU así como "la inmensa mayoría" de la lista de comparecientes propuesta por los 'populares'.
Por ejemplo, los ex directores del IFA e IDEA, los viceconsejeros, los interventores de la Junta de Andalucía, las aseguradoras y los "conseguidores", Juan Lanzas entre ellos, no fueron llamados a declarar. Tampoco los sindicalistas, alcaldes -llamativo el caso del socialista Rafael Rosendo y de su hijo José Enrique Rosendo-, que se beneficiaron enormemente de las ayudas al Ayuntamiento del Pedroso.
"Es muy sectario, enormemente discriminatorio y no conduce a que se puede investigar con seriedad porque PSOE e IU admiten toda la documentación de ambas formaciones y rechazan dos tercios" de la solicitada por el PP, criticó el portavoz del PP, Carlos Rojas, quien añadió que "esto demuestra, a las claras, la posición predefinida del derecho a veto y que no tengamos los instrumentos necesarios para que se conozca la verdad y que la comisión quede en nada". Según explicó Carlos Rojas, PSOE e IU "aceptan íntegramente" los documentos solicitados por estas formaciones, mientras rechazan más de la mitad de los solicitados por el Partido Popular, "sin motivación alguna, simplemente se rechazan", añadió.
Por ello, pudo decir incluso antes de las sesiones de la Comisión de Investigación, que "estamos asistiendo a un sainete formado por PSOE e IU cuyo fin ante el fraude de los ERE es que no se conozca la verdad y dirigir a este Parlamento y a la opinión pública a otro sitio distinto de donde está la verdad y no se puede admitir".