Una vez más los jueces y fiscales de nuestro país han mostrado de forma unánime su malestar con las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
En una reunión mantenida este miércoles, la comisión interasociativa -formada por la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- ha acordado solicitar una "reunión urgente" con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para abordar las reformas de la Justicia al considerar como "interlocutor no válido" al ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón.
Asimismo, jueces y fiscales han acordado como medidas de presión convocar "un acto público de defensa de la administración de justicia" el próximo día 11 con la intención de poner en conocimiento de la opinión pública los proyectos de Ruiz Gallardón que "lejos de mejorar la Justicia para 2013, van a suponer graves perjuicios a los ciudadanos en la tramitación ordinaria de los procedimientos". Un día más tarde convocarán un paro parcial de una hora en todas las sedes judiciales del país.
Sobre la polémica ley de tasas judiciales, la comisión interasociativa subraya que "van a limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia. Los jueces y fiscales no aceptamos la reducción de la carga de trabajo a costa de perjudicar los derechos fundamentales de los ciudadanos".
En un comunicado conjunto, estas siete asociaciones alertan de que la situación estructural de la administración de justicia en España es "grave" por la falta de medios personales y materiales. Según destacan este escenario "empeorará con las medidas anunciadas, puesto que provocará mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos".
Por otro lado, jueces y fiscales afirman que la reforma pretendida del CGPJ –donde se reducirá considerablemente sus funciones- supondrá "una quiebra de la independencia judicial y afectará a la división de poderes" que de aprobarse los obligará a convocar una huelga el próximo mes de enero.
El pretendido golpe de efecto dado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón este miércoles al anunciar que se ampliarán los beneficiarios de la justicia gratuita no ha servido para calmar los ánimos en la Carrera Judicial y Fiscal.