Tras asistirse al espectáculo del cierre en falso de una Comisión de Investigación que, tras cinco meses de trabajos y gastos, no podía presentar un dictamen compartido, el PP pidió la dimisión del presidente José Antonio Griñán mientras PSOE e IU cargaban contra el PP, evidenciando que en este caso fueron y van de la mano. Ya no queda otra esperanza de aclarar hechos y responsabilidades salvo el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que ha presentado un nuevo parte de baja y no se reincorporará aun caso que está bajo secreto de sumario hasta el día 17 de diciembre.
Es conocido que el PSOE quiso limitar las responsabilidades no a los "cuatro golfos" que dijo Manuel Chaves, sino sólo a dos: el ex director general Francisco Javier Guerrero y al ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez. Además de librar de la quema a Manuel Chaves y al propio Griñán, ha tenido el PSOE mucho cuidado en evitar la culpabilización de sus ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández.
Inexplicable e incongruente ha sido el comportamiento de Izquierda Unida, que, tras haber considerado en la Comisión de Investigación que Griñán era, al menos, responsable de negligencia por no hacer caso de las 15 advertencias de irregularidad de su Interventor, no dijo nada de ello en las conclusiones. Tampoco dijo nada de Manuel Chaves del que ironizó, en la misma Comisión, parecía que no sabía nada salvo por la prensa.
Curiosamente, ambos partidos de la izquierda andaluza coincidieron, una vez más, en demonizar al PP por exigir la responsabilidad política de todos ellos y de algunos más. El PSOE acusó al PP de falta de respeto a los trabajos de la Comisión por decir que había sido un paripé e Izquierda Unida le atribuyó una intención meramente partidista: cargar las tintas contra el PSOE para desgastarlo y desgastar a su vez al pacto de gobierno PSOE e IU.
El PP pide la dimisión de Griñán
El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, identificó al PSOE e IU como cómplices de un pacto de supervivencia política.
Al PSOE le espetó que Griñán debería dimitir. Tras enumerar los casos de corrupción y recordar que ya había condenados entre los comparecientes de la Comisión de Investigación por el caso Mercasevilla, dijo: "¿Qué más tiene que pasar aquí? Tendría que haber sido usted quien presentara la dimisión motu proprio". Rojas hizo uso extensivo de la carta del ex Interventor general de la Junta que llegó a mencionar el comportamiento "punible" el entonces Consejero de Hacienda de la Junta y hoy presidente Griñán.
Rojas reconoció que IU hizo un buen papel a la hora de las preguntas en la Comisión de Investigación pero que salió huyendo de las conclusiones lógicas para preservar sus sillones en el gobierno de coalición.
Nueva baja de la juez Alaya
Mercedes Alaya, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y las ayudas a empresas fraudulentos, ha presentado un nuevo parte de baja por enfermedad por un periodo de 20 días, de manera que, en el mejor de los casos, no se incorporaría a su puesto de trabajo en este órgano judicial hasta, al menos, la segunda quincena de diciembre.
En diciembre, Alaya llevará más de tres meses sin acudir a su puesto de trabajo. Se dio de baja el pasado día 12 de septiembre, en pleno trabajo de la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz, al padecer cefáleas -fuertes dolores de cabeza- desde que se incorporó al Juzgado una vez finalizadas las vacaciones de verano.
Recuérdese que además de las distintas ramas del caso Mercasevilla y de los ERE fraudulentos, la juez investiga otros asuntos de enorme envergadura, como por ejemplo la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Betis, causas que, afirma Europa Press, están sufriendo un serio retraso en su instrucción debido a la baja de la magistrada.
Su sustituto en el juzgado, el juez Iván Escalera, ha resuelto algunos recursos y ha tomado algunas decisiones de calado, como cuando decidió rebajar a 50.000 euros la fianza para que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero pudiera abandonar la prisión, cosa que hizo el 22 de octubre.
De igual manera, el juez sustituto dictó un auto en el que decretó el secreto de sumario durante un mes del caso de los ERE a fin de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
Así, el juez atendió la petición realizada por la Guardia Civil y decretó el secreto "total" de las actuaciones para todas las partes personadas, a excepción de la Fiscalía Anticorrupción, "por el tiempo imprescindible y plazo no superior a un mes", todo ello a fin de que la Unidad Central Operativa (UCO) "complete las diligencias de investigación que le vienen encomendadas, las cuales se extenderán asimismo para el descubrimiento y esclarecimiento" de los delitos referidos.