Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalidad, esconde dinero en Suiza haciéndolo pasar como "gestor de una compañía de mármol radicada en Barcelona". Según un documento que obra en poder de la Policía, un banco con sede en Ginebra le pide por escrito que "actualice sus datos" para poder cumplir su deseo de operar en las Islas del Canal –Guernsey y Jersey, dos paraísos fiscales–.
Según informa El Mundo, Jordi Pujol Ferrusola es, junto a su esposa Mercè Gironès, el responsable de Iniciatives, Marketing i Inversions, anteriormente denominada Natural Stone Marketing Centre, una de las empresas beneficiadas de la adjudicación a dedo de la instalación del mármol del aeropuerto de El Prat.
Esta ficha de cliente a la que han tenido acceso los investigadores data precisamente de 1991, cuando Pujol Ferrusola ostentaba el cargo de vicepresidente de Natural Stone.
Según fuentes de la investigación, en estos momentos se está trabajando en la identificación de los depósitos bancarios del hijo del histórico líder de CiU a través del referido documento en el que, agregan las mismas fuentes, se le informa al cliente de los pasos a dar para operar en el paraíso fiscal de las Islas del Canal a través de la oficina que la entidad financiera posee en Londres, y se le recuerdan los datos personales que obran en poder del banco por si procede actualizar algún extremo.
Mármol de mala calidad
Apenas una década después de la instalación del mármol de El Prat, Aena se vio obligada a licitar de nuevo "la reposición del mármol de las terminales". El motivo: la mala calidad de los materiales empleados.
Según explicaron en su momento fuentes oficiales del aeropuerto, el problema radicaba en que el tipo de mármol colocado en el suelo del aeropuerto era excesivamente poroso y más adecuado para cubrir paredes. Por ello, se rompía con facilidad tras el paso de los carros de equipajes.
Los operarios de El Prat intentaron solucionar el problema aplicando continuos tratamientos de resina sintética pero, tras fracasar esta solución, se convocó un nuevo concurso público por valor de 600.000 euros para sustituir las piezas afectadas por otras de mayor calidad.