La polémica ha perseguido a los famosos papeles de Salamanca, desde el inicio de los 80. Aunque no es hasta mediados de los 90, cuando la Generalidad catalana empieza a reclamar documentos en sus negociaciones con la entonces ministra Carmen Alborch.
Durante las dos legislaturas de Aznar (de1996 al 2004), no salió ni un papel del Archivo, a pesar de que el conflicto por los legajos estuvo latente. Sin embargo, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, comienza una nueva etapa que acaba con el expolio del Archivo de Salamanca.
En mayo de 2004, los grupos parlamentarios de CiU, ERC e IU-ICV presentan sendas iniciativas en el Congreso en las que piden al Gobierno que autorice la devolución a Cataluña de los fondos documentales de la Generalidad republicana depositados en Salamanca. La Cámara Baja aprueba -con el voto en contra del PP y la abstención de CiU- una proposición no de ley socialista que insta al Gobierno de la nación a negociar con el ejecutivo catalán para resolver el contencioso.
En 2005, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de restitución de los documentos incautados al Gobierno catalán durante el Franquismo y que se encontraban en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. El Ayuntamiento de la ciudad presentó ante el Juzgado Decano una demanda civil contra el Gobierno de la Nación con el objeto de obtener la tutela de la posesión de los fondos documentales que integra el Archivo General de la Guerra Civil, pero no se admitió a trámite.
Tampoco consiguió nada el PP con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. El 18 de noviembre de 2005, entra en vigor la Ley de restitución de los 'papeles' que fue aprobada por el Pleno del Congreso en septiembre, con los votos en contra de los populares. Entonces, la Junta de Castilla y León presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley y los salamantinos salieron a la calle para mostrar su rechazo.
No obstante, el 17 de enero de 2006, la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, puso fecha al traslado: el 19 de enero. A primera hora de ese día, se retiraron los papeles, a pesar de los impedimentos puestos por el consistorio salmantino, que obligaron a hacer el traslado en carretillas.
Al día siguiente, la sala de lo contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional paraliza el traslado de los papeles del Archivo de Salamanca por razones de urgencia, al admitir la medida cautelarísima que había solicitado en su recurso el Ayuntamiento. Seis días más tarde, levantó dicha medida cautelar, Y el 31 de enero, una comitiva de turismos, acompañada por tres furgonetas vuelve para trasladar definitivamente los 'papeles' al municipio barcelonés de Sant Cugat del Vallés.
Éste fue el primero de los 5 envíos a Cataluña que se produjeron hasta el verano del pasado año. Salieron alrededor de 500 cajas de las más de 2.100 que se trasladarían en total, a lo largo de los 4 traslados posteriores: en diciembre de 2008, en mayo y noviembre de 2010, y –por último- en julio de 2011.
En 2006, el consistorio salmantino ya denunció que al menos 176 de las cajas ni siquiera correspondían a la Generalitad catalana o a las instituciones catalanas fijadas como destinatarias, sino a otras entidades y comunidades autónomas. Algo que coincide con las denuncias que viene realizando el investigador Policarpo Sánchez.
Según ha explicado en sus intervenciones en los medios, se ha entregado a Cataluña documentación histórica perteneciente a 24 provincias españolas de 7 Comunidades Autónomas distintas. Entre ellas- las más perjudicadas- Valencia, Madrid, Aragón y Asturias. Su conclusión: se ha desmembrado un Archivo Histórico Nacional, exclusivamente por intereses políticos.
En julio de 2011, coincidiendo con el último envío de papeles a Cataluña, Policarpo Sánchez acusó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de "vulnerar la Ley" y sacar decenas de miles de documentos del Centro de la Memoria que no tienen ninguna vinculación con Cataluña, a sabiendas de que así era. El investigador afirmó con rotundidad que Ángeles González-Sinde sabía que muchos de esos papeles no eran de procedencia catalana.
A pesar de ello, el 25 de julio de 2011, la ministra de cultura aseveró que con la entrega de estos nuevos documentos (alrededor de 700 cajas de papeles, que salieron del archivo el día 20) se estaba "culminando un acto de justicia" y "acabando con un estado de excepción histórico".
Sólo cuatro días más tarde, el 29 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero convocaba elecciones generales, para el 20 de noviembre. Y en el ínterin, Sinde cesa a María José Turrión alegando "pérdida de confianza". Una noticia que causó gran sorpresa por dos motivos: por producirse a dos meses de concluir la legislatura y por tratarse directora del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
También hubo un movimiento del entonces presidente del Gobierno que llamó mucho la atención. Antes de salir de La Moncloa, y de que llegara a ella Mariano Rajoy, Zapatero realizó un intento fallido para enviar más legajos a Cataluña. Según publicó La Razón, los días 5 y 7 de diciembre de 2011, el director general del Libro, Rogelio Blanco, mantuvo sendas reuniones contra reloj para ultimar el listado que presentaría en la reunión del Patronato, para sacar 300 cajas más con documentos. El asunto quedó paralizado, pero no definitivamente. Y eso es lo que denuncia –una y otras vez- el investigador Policarpo Sánchez. Tanto es así que, el 24 de octubre del presente año, anunció que había decidido emprender acciones judiciales para que la Generalidad devuelva al Archivo de Salamanca documentación que recibió ilegalmente en los años 2010 y 2011". Y además explicó que le resultaba contradictorio que, en el mes de agosto, al mismo tiempo que pedía ayuda económica al Estado "acuciado por las deudas", Artur Más y "su Departamento de Cultura" adjudicara dos contratos, por más de 250.000 euros, para preparar un nuevo envío de documentos.
Según ha declarado hoy mismo en el programa Sin Complejos de esRadio, en estos momentos la ley sigue en vigor por lo que la Generalidad está preparando un nuevo envío sin esperar a que el TC dicte sentencia. Policarpo Sánchez ha asegurado que "la Generalidad Catalana se gasta el dinero que no tiene para cubrir servicios básicos en seguir intentando expoliar el patrimonio documental español, incluso en contra de las personas y entidades de las que proceden los documentos".