La asociación Democracia Real Ya ha presentado este viernes una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros 62 diputados por recibir duplicidad de dietas del erario público. En concreto, por percibir complementos en concepto de alojamiento en Madrid cuando realmente tienen viviendas en la capital.
Entre los acusados, además de Rajoy, hay varios ministros, como Fátima Báñez (Empleo), Jorge Fernández Díaz (Interior), Cristóbal Montoro (Hacienda) o Ana Pastor (Fomento), junto a exministros socialistas como José Blanco, Jesús Caldera o Ramón Jáuregui.
En la querella, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se explica cómo el Reglamento del Congreso de los Diputados otorga a aquellos miembros de la Cámara Baja de circunscripciones distintas a Madrid un complemento mensual de 1.823 euros en concepto de indemnización para alojamiento y manutención. Mientras tanto, los diputados electos en Madrid perciben dietas mensuales de 870 euros para afrontar los gastos que genere su trabajo en el Congreso. Estos complementos son aparte del sueldo de 2.813 euros mensuales que perciben todos los diputados.
Según la asociación querellante hasta 63 diputados –incluido el presidente del Gobierno que actualmente reside en el Palacio de la Moncloa- cobran dietas que no les corresponderían al ser propietarios de viviendas en Madrid. A todos ellos -41 miembros del PP, 20 del PSOE, uno de CIU y otro de Coalición Canaria- Democracia Real Ya los acusa de un delito de apropiación indebida.
"Cada diputado querellado ha retenido irregularmente en su patrimonio la suma de 952 euros mensuales, que es la diferencia que resulta entre lo que percibe un diputado con residencia en Madrid y otro que no lo tiene y ello en atención a las cifras oficialmente determinadas", destaca el escrito.
A las puertas del Tribunal Supremo, el letrado de y portavoz de Democracia Real Ya, Miguel Ángel Jiménez, ha explicado que los cobros están previstos en el Reglamento del Congreso, pero ha expresado que se trata de "emolumentos no razonables" que se cobran de manera irregular.
No hay mejor sitio que los tribunales para estas cuestiones, ha añadido Jiménez, quien ha explicado también que "nuestro objetivo es que se devuelva este dinero que se ha cobrado sin corresponder y que no vuelvan a cobrar" unas cantidades que ya están previstas para los presupuestos de 2013.