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Embargan un avión, un helicóptero y 41 fincas a un exedil de Marbella

El embargo preventivo contra los bienes de Pedro Román es por un procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas.

LD / Agencias
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El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha informado de que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia que da la razón al Consistorio de la localidad y que ordena el embargo preventivo de 41 fincas, un avión y un helicóptero del exteniente del alcalde del GIL Pedro Román, por un procedimiento del Tribunal de Cuentas por un alcance contable en los fondos municipales de 108,3 millones de euros en el que fue condenado junto a otros exresponsables municipales.

En concreto, el Ayuntamiento ha conseguido embargar preventivamente bienes de 10 sociedades que "a través de personas interpuesta o directamente son propiedad de Pedro Román". Se trata de 31 fincas en Marbella, una en Estepona, una en Mijas, en la provincia de Málaga; dos en Salamanca, una en Cáceres, cuatro en Madrid y una en Ibiza, además del avión, el helicóptero y participaciones en una sociedad mercantil.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz municipal, Félix Romero, que ha indicado que es "un avance muy importante porque supone una garantía de cobro para cuando se resuelva el recurso de apelación" y "demuestra que el Ayuntamiento de Marbella continúa con su trabajo asegurando, se tarde lo que tarde, la recuperación de los bienes que salieron ilícitamente del municipio", ha destacado.

Romero ha subrayado también "el importante" trabajo municipal "de investigación y jurídico para intentar desentrañar la maraña de sociedades creada para intentar diluir el patrimonio al que podía acudir para resarcirse al Ayuntamiento". Hasta que se resuelva el procedimiento, por tanto, tiene prohibición de disponer de las fincas y los bienes.

En este punto, el portavoz del equipo de gobierno ha recordado que el Tribunal de Cuentas dictó en abril de 2011 una sentencia que condenaba de manera solidaria a exresponsables de los gobiernos municipales del GIL, entre ellos a Pedro Román, por un desvío injustificado de los fondos públicos de 66,5 millones de euros de principal y 41,8 millones de euros de intereses.

La sentencia se encuentra actualmente en apelación y, tal y como ha manifestado Romero, "desde el Ayuntamiento estamos tratando de evitar que se pierdan bienes asegurando que el resultado del procedimiento sea efectivo y pueda traducirse en una recuperación de los bienes que se han perdido".

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