Inmediatamente después de que el 22 de mayo de 2011 ganara las elecciones por mayoría absoluta, María Dolores de Cospedal renunció a su sueldo como secretaria general del PP. En total, hasta junio de 2011, percibía 153.271 euros de las arcas de la formación, su acta de senadora y los trienios por ser Abogada del Estado. Desde entonces, únicamente cobra por sus servicios en calidad de presidenta de Castilla-La Mancha. Según documentación oficial, 59.232,12 euros netos en 2012.
"Y punto", zanjó la propia interesada, después de que en navidades el PSOE volviera a acusarle de tener "varios sueldos" a cargo del erario público. La número dos del PP no pudo disimular su enfado: "Lo he dicho una y mil veces. Yo cobro mi sueldo como presidenta. Ya está bien de difamar y decir mentiras, porque son muchas las mentiras", declaró este lunes, al término del Comité de Dirección.
Comparando sueldos, el PP expone que Cospedal recibe menos que la media de los presidentes autonómicos -la mitad, por ejemplo, con respecto a Artur Mas- o que el secretario general de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García Page; uno de los principales artífices de la campaña contra la dirigente popular.
En rueda de prensa, la número dos del PP tiró de ironía para asegurar que "a algunos les molesta" que su remuneración sea sólo una y pública, incluso "a quienes cobran más que yo, como el jefe de la oposición" en Castilla-La Mancha. "La verdad está reflejada, por mucho que se empeñe el Partido Socialista. Una mentira repetida mil veces no se convierte en una verdad", zanjó.
"No voy a renunciar a nada", concluyó Cospedal, molesta porque el PSOE utilice una vía para atacarla a pesar de que, dice el PP, esté basada en mentiras. "Falsedades", en declaraciones de Carmen Riolobos -portavoz del partido en la región-, como que cobre más que el Rey o el Príncipe, lo que basta acudir a los documentos para demostrar que es falso.
En este sentido, y para rematar, los populares recuerdan que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo uno de los ajustes más severos para cumplir con el objetivo de déficit, y que ha afectado en especial a la administración. Una poda total que supone la eliminación del 60% de los altos cargos y buena parte de los órganos públicos de la comunidad.