El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita de Justicia Gratuita que amplía los colectivos que pueden beneficiarse de este servicio si acreditan la insuficiencia de medios como las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o discapacitados.
Según ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno, este anteproyecto deroga la actual ley de Justicia gratuita en vigor desde hace 17 años para permitir que colectivos que no tenían potestad para disfrutar de este beneficio puedan ahora accederlo. Otra de las novedades es que además del nivel de renta, se tendrá en cuenta por primera vez las circunstancias familiares de quienes soliciten el servicio.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha indicado que el texto garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución asegurando la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
El anteproyecto supone "un auténtico impulso a la viabilidad del modelo español de justicia gratuita", porque incorpora, ha subrayado el ministro, nuevos recursos que posibilitan ampliar el número de españoles que se van a beneficiar de este servicio con relación a la legislación vigente.
En un momento de austeridad, de congelación y de reducción presupuestaria, según Gallardón, la nueva ley de justicia gratuita ha sido posible como consecuencia de las previsiones de recaudación de la ley de tasas del 20 de noviembre de 2012.
Más beneficiarios
En función de la renta, el Ejecutivo ha incrementado los umbrales hasta ahora vigentes para acceder a la justicia gratuita, situándolos entre dos y cinco veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar.
En concreto, el umbral para acceder a la justicia gratuita de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (14.910,28 euros al año) se ha elevado a 2,5 veces el IPREM (15.973 euros al año) y hasta 3 veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39 euros).
También estarán cubiertos por la justicia gratuita aquellos procesos relacionados con circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, elevándose el límite de ingresos de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65 euros).
Con independencia de los recursos económicos, la nueva norma incluye también unos beneficiarios, pertenecientes a "colectivos especialmente vulnerables" como víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como menores y discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato.
También serán beneficiarias de la justicia gratuita las víctimas de accidentes de tráfico que sufran secuelas permanentes que les impidan desarrollar su actividad habitual o que requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales.
El anteproyecto también reconoce el derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en la primera instancia del orden social.
Igualmente, Cruz Roja, las asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, los sindicatos y representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social tendrán derecho a la justicia gratuita, siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos