José Antonio Griñán propone una fórmula federal que blinda al alza la descentralización del Estado de las Autonomías contra el centralismo y el independentismo. Se trata de convertir en legal lo que ya es real, según el documento presentado el jueves en la Fundación Alfonso Perales en la ciudad estatutaria de Carmona. Gregorio Cámara, de la Universidad de Granada, ha sido el encargado de resumir el libro-documento Por una reforma federal del Estado autonómico, elaborado por 15 expertos.
La propuesta de Estado federal esbozada por los expertos consultados por el PSOE de Andalucía, interpreta El Mundo, contempla cláusulas que suponen un debilitamiento del Estado en favor de la comunidades autónomas y, lejos de plantear la supresión de instituciones en cualquier ámbito territorial, sugiere su fortalecimiento por la vía constitucional.
En este planteamiento, el Estado federal es un punto de llegada, la desembocadura natural del Estado de las autonomías y al tiempo, un punto de partida para la reforma de la Carta Magna que se plantearía, en todo caso, "en clave de continuidad que permita el desarrollo y el cierre del modelo territorial". Que tal reforma vaya a constituir un freno a los separatismos catalán y vasco no queda claro mientras que sí parece que con tal reforma su opción independentista contaría con más y más fuertes resortes para llegar a su fin.
José Antonio Griñán quiere que este documento sea el punto de partida que utilizará el PSOE andaluz para trasladar una propuesta de organización del Estado a la ejecutiva federal de los socialistas, una iniciativa que no ha protagonizado quien debería, por razón de su cargo y responsabilidad, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no asistió al acto.
Según el documento, el Estado autonómico está sometido a una doble impugnación. Desde los territorios con mayoría nacionalista, por un lado, pero también desde los territorios sin tal mayoría corriéndose el riesgo de que en unos pocos años no se conozca siquiera lo que quedaría de España.
Las medidas descentralizadoras
Los asesores del PSOE-A proponen que se cambie el artículo 149.3 de la Constitución, que contiene la cláusula de cierre por la que, en el reparto competencial, se da preponderancia al Estado en materias que no sean asumidas estatutariamente por las comunidades autónomas. En su propuesta, la cláusula debe favorecer las competencias de las entidades federadas, no de la Federación.
Asimismo debe incrementarse la representación de las comunidades autónomas. El Senado debe pasar de ser un clon del Congreso de los Diputados a ser la Cámara de representación territorial.
Respecto a la autonomía local, que según los expertos adolece de indefinición constitucional, la nueva Constitución debería recoger incluso las Mancomunidades con lo que "se evitarían cambios y problemas como los que plantean las reformas del PP dirigidas a acabar con la autonomía local y a llevar a las diputaciones competencias que no les corresponden y que tampoco pueden desarrollar, para que al final sean llevadas a cabo desde el ámbito privado", dijo el catedrático Cámara.
Los expertos consultados por el PSOE andaluz plantean limitar el cupo vasco, aunque dicen que "no podemos hacer nada para que no siga existiendo, porque es algo que se viene aplicando desde el siglo XIX, pero debe reformarse para dar entrada a un criterio de desarrollo que impida que los servicios que reciba per capita el País Vasco sean superiores a la media del resto nacional, por el principio de equidad".
Se aboga en el documento por reflejar constitucionalmente la financiación de las autonomías o Estados. Es un anacronismo, subrayan, la disposición constitucional en la que se concede a los territorios forales (Navarra y País Vasco) un régimen diferenciado. Según el catedrático Cámara, esto es una "fuente de agravios". El reconocimiento de los "derechos históricos" no debe suponer "diferencias en lo que a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se refiere", pero no explica cómo sed hace eso.
También se propone institucionalizar –incluso regular– las conferencias de presidentes y las conferencias sectoriales, imponiendo el "principio de lealtad" por la Constitución, que, como es sabido, no se ha cumplido nunca desde Cataluña y el País Vasco.
Sin el consentimiento de Rubalcaba
Inquieto por el final de esta carrera tanto de partidarios de una recentralización del Estado como de los partidarios del separatismo o soberanismo, Griñán manifestó su temor de que Andalucía y otras Comunidades no consideradas históricas queden al margen de los nuevos diseños y añadió que "Andalucía es la clave para configurar, definir y cerrar el modelo territorial".
El País interpreta como advertencia el mensaje de Griñán a las derechas española y catalana los problemas de recentralización y separatismo, aunque reconocen que en el propio PSOE también existen movimientos centrípetos y centrífugos por lo que su advertencia debe ser recogida, asimismo, en clave interna.
La propuesta andaluza, que partirá del documento de la Fundación Alfonso Perales, se estudiará en la conferencia territorial que el PSOE tiene previsto celebrar a principios de verano. Este es el planteamiento oculto tras el llamamiento de Griñán a un supuesto Pacto por Andalucía en el que intenta seducir al PP andaluz para que se inscriba en este nuevo movimiento que la calle sancionaría con movilizaciones similares a las producidas en 4 de diciembre de 1977 en defensa de la autonomía andaluza.