El PSOE andaluz, que hace unos días presentó su propuesta federalista, necesita que se revise la Constitución para poder aplicar sus tesis, pero el PP andaluz ha dicho con claridad que el límite de sus pactos está en el respeto a la Constitución. Tras el transcurso de un día desde la primera reunión entre José Antonio Griñán y Juan Ignacio Zoido, y a pesar de las cautelas, ya hay un referente de una clara diferencia que puede llegar a condicionar todo el desarrollo de las conversaciones.
Para el PSOE, los ejes generales del pacto por Andalucía incluyen un punto octavo que dice lo siguiente: "8. Defensa del Estatuto andaluz y de la inclusión de Andalucía en un modelo territorial cooperativo y una Europa más democrática. Teniendo en cuenta que modificar la Constitución es consustancial a un proceso constitucional, hoy hay que cerrar el modelo definiendo claramente las competencias y determinar la financiación de esas competencias desde la Constitución, con el Senado como auténtica Cámara de representación territorial donde se aborden los asuntos que afecten a las CCAA."
Para el PP, en el texto presentado al presidente de la Junta, el momento actual "no es tiempo de experimentos, es tiempo de reformas que den solución a los problemas de los ciudadanos desde la sensatez, la unidad y el proyecto común que representa la Constitución y la marca España. Ningún otro modelo mejoraría la vida de los andaluces, y por eso apostamos por la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía y por lo que representan, consenso y progreso. Porque son proyectos que unen en lugar de separar. Para los andaluces son perjudiciales los proyectos separatistas y las formulaciones federalistas que sólo buscan amparar privilegios y desigualdades".
Otra diferencia esencial: el sector público andaluz
En el esquema propuesto por el PSOE ni siquiera está expuesto el problema que representa la existencia de una administración paralela ligada a un sector público duplicado y deteriorado por accesos al empleo sin lasa debidas garantías.
Sin embargo, el PP afirma que el sector público empresarial ha adquirido unas dimensiones mastodónticas. Con exceso de cargos políticos a dedo y duplicidad de funciones, tiene que ser racionalizado, comenzando por la derogación de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz que ya ha sido ampliamente vapuleada por los tribunales, profesionalizando su dirección, evaluando sus resultados, dando transparencia a su política de personal y reduciendo las encomiendas de gestión y encargos de ejecución."
Además, están las diferencias habituales sobre el sentido de "lo público", que la Junta identifica con su estructura administrativa autonómica mientras que el PP hace hincapié en lo que lo público es el servicio pero no tiene por qué serlo la gestión, las diferencias en el concepto de educación, en la idea de la sanidad y en la forma de promover la creación de empleo real, que el PP hace descansar en los empresarios y en la promoción de la iniciativa privada.
Nadie quiere que se le coja con el pie cambiado
Como bien cuenta El País, "un pacífico paréntesis se ha abierto este lunes en el juego político andaluz. PSOE y PP se han olvidado de los discursos enfrentados que mantienen y han tirado de buenas formas y voluntarismo. El presidente regional de los populares, Juan Ignacio Zoido, ha evitado hablar de corrupción en la Junta. La consejera de la Presidencia, la socialista Susana Díaz, no ha mencionado las supuestas discriminaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy a Andalucía. Tocaba aparcar momentáneamente las diferencias en el arranque de las negociaciones sobre el denominado pacto por Andalucía, que impulsa la Junta y en el que se quiere implicar también a la sociedad."
"Moderadamente optimista", se sentía Zoido tras la reunión y certificaba uno de los martillos pilones del socialismo andaluz, la consejera Susana Díaz, que "hay voluntad de diálogo", ha añadido Susana Díaz.
Pero al escepticismo del grupo Prisa, hay que unir la calificación de "paripé" que hace El Mundo. ABC recuerda la hostilidad de IU a un pacto que la perjudique y La Razón subraya que el objetivo del gobierno bipartito es convocar una gran manifestación contra Rajoy.
La fecha del 28 de febrero, conmemoración del Estatuto de Autonomía como fecha del fin de las conversaciones, hace albergar dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno de Griñán y Valderas.