El Tribunal Supremo ha remitido al juzgado número 9 de Barcelona un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que implica a Oriol Pujol en un entramado de cobro de comisiones para enriquecerse a través de distintos negocios que precisaban la intervención de la Generalidad, informa este martes El Mundo. Según el informe, algunos de los cobros se produjeron desde paraísos fiscales como las Islas Vírgenes.
Según el informe, el secretario general de CDC era "el beneficiario real de una sociedad mercantil con capacidad de actuación directa sobre los órganos de gobierno de la Administración Pública de Cataluña".
Para los investigadores, su nombramiento, primero como secretario general de CDC y, luego, como secretario general, le garantizó la "oportunidad para ejercer la influencia directa en aras de conseguir un resultado favorable hacia sus propios proyectos económicos".
La investigación policial de la conocida en un principio como trama de las ITV se reafirma en que Oriol Pujol operaba junto a los empresarios Sergi Alsina Jiménez –propietario de la consultora Alta Partners- y Sergi Pastor Colldeforns –vinculado a diversas empresas del sector industrial-. La esposa del secretario general de CDC, Anna Vidal, trabaja como consejera en la empresa de Alsina.
La Guardia Civil detenía el 26 de marzo de 2012 a Pastor y Alsina por el supuesto amaño de la concesión de las ITV en Cataluña, junto a Ricard Puignou –otro empresario vinculado a las ITV- y dos cargos públicos: el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalidad catalana, Isidre Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, al que la juez instructora, Silvia López Mejía, ya atribuye la función de "mediador".
"El núcleo central"
Junto a Alsina, Pastor y Pujol, la Udef identifica a Pedro Vicente Navarrete, responsable de Sony España hasta el pasado abril de 2012, y a su esposa, María Jesús Muro, como "el núcleo central". Todos ellos, junto al hijo del expresidente catalán, "son beneficiarios económicos de la sociedad Invalcor, Instituto de Valoración Corporal SL, dedicada a la salud".
La Udef considera asimismo que el propio Oriol, además de ser parte de Invalcor, "está al tanto de los proyectos y las inversiones que los empresarios llevan a cabo, participando de forma directa en alguna de ellas".
Las "operaciones paralelas"
Para la Policía, los implicados realizaban "operaciones inversoras" en ámbitos como "la inspección técnica de vehículos o la eficiencia energética, que precisan de adjudicaciones o autorizaciones" de la Generalidad. Además de las actuaciones analizadas, que tienen lugar entre finales de 2010 y la primera mitad de 2012, la investigación desgrana otras "operaciones paralelas" que desarrolla "en primera persona" el propio Alsina, como "los procesos de reestructuración empresarial mediante la negociación de la adquisición de las plantas industriales de Sony, Yamaha y Sharp", multinacionales instaladas en Cataluña y que acometieron deslocalizaciones en este periodo. Según la Policía, "la cantidad que percibe por estas operaciones" es de tres millones de euros en el caso de Sony, y alrededor de dos millones por la de Sharp.
A propósito del desempeño de Pujol en estos casos, en las conclusiones de la Udef se afirma que la participación del político se concreta en la "coordinación de las actuaciones"; en la participación "directamente en el proceso de negociación" y en las "dificultades existentes", y en la resolución de los problemas "hablando con los responsables de la Administración Pública implicados".
Para conseguir esa "influencia directa" y según consta en el informe, los implicados tenían "una forma de actuación basada en la relación de confianza"; "en la confidencialidad de las operaciones"; "en el mantenimiento de la opacidad en cuanto al conocimiento último de los partícipes", y "en la colocación de personas afines en puestos directivos de los órganos de la Administración catalana o en empresas públicas".