El 1 de diciembre de 2003, Ramón Jorge Ríos Salgado, un ejecutivo de una empresa automovilística, decidió, sin que se sepa la causa, recorrer a gran velocidad y en sentido contrario cinco kilómetros de la AP-7, en la Comunidad Valenciana. Hasta que se detuvo, colisionó con varios vehículos, entre ellos el que ocupaban José Alfredo Dolz y su novia. El joven falleció como consecuencia del impacto.
Tras un proceso largo por los recursos de la defensa, que apeló a todas las instancias, y los múltiples afectados y daños materiales provocados por el acusado, Ríos fue condenado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a trece años de prisión en una sentencia que calificaba de "tremenda gravedad" los hechos y que fue confirmada después por el Supremo.
El acusado, sin embargo, sólo pasó diez meses en prisión por la rápida tramitación del indulto que pidió su defensa tras su ingreso en la cárcel. El Consejo de Ministros, tras la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, decidió concedérselo a pesar de que los informes de las partes, del ministerio fiscal y del juzgado eran contrarios a la concesión de esta medida de gracia.
En Casa de Herrero, el abogado de la familia de la víctima, Agustín Ferrer, ha resaltado que la situación "llama mucho la atención" por la celeridad en la concesión del indulto, una medida contra la que no caben alegaciones ni recursos. Además, al ser una gracia del Gobierno, "no está prevista fundamentación de ningún tipo", es decir, el Ejecutivo no tiene obligación de decir cuáles fueron sus razones.
Loreto Dolz, hermana de la víctima, ha pedido en esRadio que el indulto se revoque y ha añadido que el acusado no ha pedido "perdón jamás" a la familia. También ha señalado que sus padres "están destrozados" porque no consiguen entender el porqué de la medida de gracia. "¿Gallardón no sabe lo que firma, firma todo lo que se le pone delante?", se ha preguntado.
Los indultos del Gobierno se conceden al amparo de una ley que data de 1870 y dependen directamente del ministro de Justicia, que es quien se los propone al Ejecutivo. Las decisiones se publican sin que se fundamenten los motivos, por lo que sólo se conocerán si Gallardón accede a dar explicaciones públicas. Mientras, el PSOE se ha lanzado a pedir explicaciones basándose en que un hijo de Gallardón trabaja en el bufete del defensor del kamikaze.