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Baltar hijo rechaza investigar los contratos de su padre en la Diputación de Orense

El expresidente de la institución tendrá que declarar el 4 de febrero por un supuesto delito de prevaricación.

El Gobierno de la Diputación de Orense, en manos de José Manuel Baltar (PP), ha rechazado este viernes la creación de una comisión propuesta por el PSOE para investigar la incorporación de personal en el mandato de su padre, José Luis Baltar, imputado por prevaricación administrativa continuada por presuntas contrataciones irregulares.

Los populares se han opuesto a la constitución de ese órgano, que pretendía analizar las contrataciones de personal en la Diputación en los últimos veinte años, diecinueve de ellos bajo la presidencia de José Luis Baltar.

Su hijo, el actual presidente José Manuel Baltar, que accedió al cargo en febrero de 2012, ha anunciado en el pleno extraordinario de este viernes que se tomarán las acciones civiles y penales necesarias para defender el honor de la institución provincial.

Los socialistas habían propuesto crear dicha comisión después de que un juzgado de Ourense aceptase una querella de la Fiscalía, que parte de una denuncia del PSdeG contra José Luis Baltar por un supuesto delito de prevaricación continuada en la contratación de más de cien personas de forma irregular en 2010, en las fechas previas a la celebración del congreso provincial del PP que ganó el hijo del veterano dirigente.

Socialistas y nacionalistas gallegos sostienen que hubo un amaño para asegurar que el hijo de Baltar fuese el elegido. José Luis Baltar deberá acudir el próximo 4 de febrero a las 17.00 horas al Juzgado de Instrucción número uno de Orense para prestar declaración.

En la sesión plenaria, el portavoz del PP, Plácido Álvarez Dobaño, ha argumentado que "siempre ha habido total transparencia en la consulta de documentos", y por eso el Gobierno de la Diputación orensana no ha considerado necesaria esta comisión.

En esta misma sesión, el presidente provincial, José Manuel Baltar, ha cerrado el debate con el anuncio de que desde la Diputación se tomarán las "acciones civiles o penales necesarias" para garantizar "la defensa del honor de esta institución".

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