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El Gobierno justifica el indulto al kamikaze: debemos ser "equitativos"

El Gobierno ha intentado "hacerlo de la mejor manera posible", aunque "indudablemente" entiende a la familia de la víctima, ha dicho Soraya.

LD / Agencias
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha asegurado que entiende a la familia de la víctima del accidente provocado por un kamikaze indultado posteriormente por el Ejecutivo, pero ha señalado que el Ministerio de Justicia a la hora de conceder estas medidas de gracia debe tener en cuenta "las distintas circunstancias que llevan a modular la aplicación de la ley para que lo sea en un sentido de equidad".

En este sentido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha señalado que a la hora de conceder el indulto el Gobierno tuvo en cuenta "la falta de antecedentes, el arrepentimiento, el plazo transcurrido, la situación del reo y su comportamiento en el centro penitenciario".

"Son decisiones que no son fáciles de adoptar, pero cuando a uno le reclaman un indulto, a instancia de parte, no porque el Gobierno se meta a hacerlo, tiene que poner encima de la mesa las circunstancia del que lo pide, también de la familia, y tomar una decisión", ha señalado. Así, ha indicado que los indultos "son decisiones difíciles, complicadas, en las que puede no acertarse" y lo que el Gobierno ha intentado es "hacerlo de la mejor manera posible", aunque "indudablemente" ha entendido la posición de la familia de la víctima "en un delito de esta naturaleza y, sobre todo, con este resultado".

Por otro lado, preguntada por si en el Consejo de Ministros ha habido algún debate, después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmara tras conocerse el indulto que en el futuro habría que estar "más atentos", la vicepresidenta se ha limitado a contestar que la Constitución y las leyes le impiden hablar de lo que se delibera en el Consejo de Ministros.

El conductor kamikaze fue condenado a 13 años de prisión por un accidente de tráfico registrado en el año 2003 en la AP-7, en el tramo Silla-San Juan (Valencia), que se saldó con un fallecido y un herido. Tras estudiar su caso, el Gobierno central decidió en diciembre de 2012 conmutar la pena privativa de libertad que le quedaba por cumplir por otra de dos años de multa.

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