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La corrupción se extiende por todas las instituciones del Estado

Los dos grandes partidos, gobiernos regionales, la Corona... no hay administración pública española que se libre de algún escándalo.

LIBERTAD DIGITAL
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El diario que retrató la crisis en España con gente buscando en los cubos de basura, The New York Times, está preparando ya un reportaje sobre la corrupción, según ha trascendido esta semana. Hasta allí han llegado los ecos del último escándalo conocido, el de Luis Bárcenas, que está haciendo tambalearse al Partido Popular tras las últimas revelaciones respecto a sobres con dinero circulando por Génova.

El caso es el último que se ha conocido en España pero la lista de escándalos es grande y afecta a partidos de todo signo. Lo más llamativo de los casos conocidos en los últimos años es que prácticamente todos las instituciones han estado implicadas, en menor o mayor medida.

Los Ayuntamientos

Alimentados por los años de la burbuja inmobiliaria, la lista de casos vinculados a ayuntamientos, relacionados en su mayoría con la corrupción urbanística, es inacabable. Quizás el más paradigmático sea el del saqueo de Marbella: el caso Malaya, todavía en los juzgados, se destapó en 2005 revelando una complejísima trama que llevó a la cárcel a buena parte del ayuntamiento tras operaciones delictivas que conllevaron el blanqueo de más de 2.000 millones de euros. El juicio, que se celebra ahora, tiene como imagen más llamativa la de Isabel Pantoja en el banquillo, pero de vez en cuando trascienden otros detalles impactantes, como el del embargo a un exedil de un avión, un helicóptero y 41 fincas.

Otros escándalos recientes en torno a la actividad de los ayuntamientos son la Operación Mercurio en Sabadell, que tiene entre los imputados al alcalde del PSC por supuesta prevaricación, y la Operación Pokémon, en Santiago de Compostela y otras ciudades gallegas, sobre tráfico de influencias en los consistorios y que también ha supuesto la imputación de varios alcaldes.

Las comunidades autónomas

Cataluña y Andalucía, tras treinta años de gobiernos nacionalista y socialista respectivamente, son dos ejemplos de corrupción institucionalizada.

Convergencia y Unió, los dos partidos que han controlado el poder en las últimas décadas en Cataluña suman innumerables escándalos. Los primeros tienen la sede del partido embargada por el caso Palau, un nombre que supuestamente hace referencia a la trama encargada de cobrar las comisiones del 4% que han sido uso común en Cataluña durante años. Las investigaciones policiales han destapado la fortuna amasada por la familia Pujol, el expresidente y capo del nacionalismo, su esposa Marta Ferrusola y al menos cuatro de sus siete hijos, que tienen decenas de bienes y cuentas en diferentes paraísos fiscales. Los segundos, de Duran Lleida, acaban de reconocer, para irse de rositas en un pacto con la Fiscalía, que se financiaron ilegalmente en el conocido como caso Pallerols.

Si en Cataluña la corrupción está institucionalizada, en Andalucía el PSOE ha tejido una red de corruptelas, en la que destaca el saqueo de los ERE, que acorrala a los dirigentes del PSOE andaluz y muy en particular a su presidente, José Antonio Griñán, y consejero de Hacienda cuando se firmaban los contratos que se investigan relacionados con las ayudas al empleo y prejubilaciones supuestamente vinculadas a la órbita del partido. El fraude podría ascender a más de 1.000 millones de euros.

En Baleares, el caso Palma Arena llevó a Jaume Matas a convertirse en el cuarto presidente autonómico condenado por un tribunal en España; además, aún tiene otros juicios pendientes relacionados con delitos de corrupción. También en Baleares, la expresidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar, fue condenada por malversación y prevaricación, entre otros.

La trama Gürtel, mientras, sentó en el banquillo al expresidente valenciano Francisco Camps en la conocida como causa de los trajes, aunque finalmente salió absuelto.

Los dos grandes partidos

El caso Bárcenas, con los sobres con dinero negro que supuestamente circulaban por las manos de altos cargos del PP, es una derivada más del caso Gürtel, con ramificaciones en Valencia y Madrid. Hay imputados varios exparlamentarios y exalcaldes del partido, así como los cabecillas de la trama, que están en prisión acusados de sobornar a cargos públicos a cambio de contratos.

En el PSOE, a la larga lista de escándalos de la era felipista se unió en los últimos años el caso Campeón, que estudia una supuesta trama de fraude en la obtención de subvenciones públicas. Su principal imputado, el empresario Jorge Dorribo, inculpó a políticos de varios partidos, entre ellos el exministro de Fomento José Blanco, que vio cómo se iban al traste sus ambiciones políticas en Galicia.

La Policía

El escándalo más grave vinculado con la Policía ha sido, sin duda, el del chivatazo a ETA. Este caso se destapó después de que en 2006 un soplo desbaratara una operación policial contra el aparato de extorsión de la banda. Tras una accidentada investigación judicial, ya están oficialmente procesados dos mandos de la Policía, Enrique Pamiés y José María Ballesteros, aunque aún se desconoce si se les juzgará por colaboración con ETA.

El Banco de España

Un informe de técnicos del Banco de España diciendo que "miró hacia otro lado" ante las cuentas de las cajas terminó de confirmar las sospechas de dejación de funciones por parte del órgano que debía controlar a todas las entidades bancarias. La gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez vuelve a estar en entredicho.

El Poder Judicial

Ni los jueces se han librado en estos años. El expresidente del CGPJ, Carlos Dívar, vio abruptamente terminada su trayectoria al frente del poder judicial y el Supremo tras ser denunciado por hacer viajes a Marbella, en fin de semana, con cargo a los gastos de la institución. Paradójicamente, los vocales del órgano que pedían transparencia se han negado después a desglosar ante los medios sus propios gastos.

La Corona

El caso Urdangarín ha hecho que la Corona también esté salpicada de lleno por un escándalo de corrupción del que aún se esperan revelaciones. El yerno del Rey, imputado por seis delitos, tuvo que declarar ante el juez junto a su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. El juez sospecha de ambos que percibieron fondos públicos a cambio de trabajos que no realizaron. El último capítulo del escándalo han sido los correos electrónicos difundidos por Torres en los que aparece Corinna, la amiga del Rey.

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