La trama de financiación irregular de UDC en los años noventa sirvió para amueblar algunas sedes del partido con 38.978 euros y para destinar 158.306 euros a pagar las nóminas de varios de sus militantes, recoge la sentencia de la Audiencia de Barcelona.
La resolución judicial –que llega después del pacto entre las partes y el fiscal que ha evitado que los condenados ingresen en la cárcel– confirma también que el partido democristiano liderado por Josep Antoni Duran Lleida participó de la trama "a título lucrativo".
La sección segunda de la Audiencia de Barcelona constata que hubo "aportaciones directas al partido" y añade que UDC deberá asumir la responsabilidad civil subsidiaria respecto de las cantidades debidas por el acusado Vicenç Gavaldà, destacado responsable del partido en la época en la que se centra la actividad de la trama, entre los años 1994 y 1999.
También se declara la responsabilidad civil en calidad "de partícipe a título lucrativo de UDC" de las cantidades 38.978,23 euros de los pagos por compra de material de oficina e informática para sedes de este partido y de 158.306,59 euros en concepto de nóminas de trabajadores de Unió que fueron abonadas con cantidades desviadas de las subvenciones de los cursos para parados.
La sentencia llega dos semanas después de que UDC aceptara devolver, de forma solidaria con el resto de procesados, los 388.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del caso Pallerols, en un acuerdo pactado con acusaciones y defensas que ha evitado la celebración del juicio por este caso y libra a los condenados de ingresar en prisión.
Tras semanas de negociación, acusaciones y defensas alcanzaron a principios de enero un pacto en el que los procesados, entre los que figuran ex altos cargos y militantes de UDC, aceptaron, como sostenía la Fiscalía, que desviaron fondos de la UE destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols.
El pacto fue posible después de que el ministerio público, que inicialmente pedía para los procesados penas de hasta cinco años de prisión -la Audiencia de Barcelona ya rebajó su petición inicial de once años al revocar algunos de los delitos-, se haya avenido a rebajar la condena a cuatro de ellos, retirar los cargos a otros dos y reducir las indemnizaciones que planteaba en un principio.
La 'mordida' del 10%
La sentencia conocida este viernes señala que "la conjunción de intereses" entre los acusados "fraguó en un concierto o mutuo acuerdo con la última finalidad de conseguir que una cifra cercana al 10 %" del importe anual de los fondos públicos procedentes del Departamento de Trabajo conseguidos por las empresas de Fidel Pallerols "fuera desviada a fines ajenos a las actividades formativas".
En este concierto jugó un papel decisivo el acusado Vicenç Gavaldà, que actuó en calidad de Secretario de Organización y de Relaciones Institucionales de UDC, "procurando un beneficio para el partido y algunos de sus miembros", se afirma en la sentencia.
Además, Gavaldà se encargó de promover el acuerdo y de mediar entre los responsables de la empresa y los de la Dirección General (de Trabajo) y "urdió y medió en los pactos relativos a los importes de las subvenciones que cada año se destinarían a las empresas de Pallerols", indica la sentencia.
La sentencia subraya "el papel decisivo y determinante" de su hermano Lluís Gavaldà, director general de Empleo en la época en la que actuó la trama y que "garantizaba que se relegara el papel de las delegaciones territoriales (del departamento) en la concesión de las subvenciones y se obviaran informes valorativos en sentido negativo" emitidos por las mismas.
La sentencia detalla las subvenciones que se otorgaron a las tres empresas de Fidel Pallerols entre los años 1994 y 1999, ambos incluidos, que superaron los 1.000 millones de pesetas en esa época.