Se ha recordado porque los partidos mayoritarios en el Parlamento de Andalucía, PP y PSOE, aceptaron ayer reactivar un instrumento parlamentario que les señaló Izquierda Unida: la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos. A pesar de ser un órgano de carácter permanente y no legislativo, no se ha reunido en ninguna ocasión para cumplir su objeto, al menos desde la cuarta legislatura (1994-1996).
Se reunió, eso sí, para constituirse, y en las últimas dos legislaturas, para la sustitución de su vicepresidente, según los datos del Parlamento. El régimen económico vigente en la cámara autonómica establece que el presidente de una comisión parlamentaria percibe mensualmente 566,62 euros y el vicepresidente 377,75 euros como complemento salarial. Es decir, el presidente y el vicepresidente de este órgano han cobrado una cantidad superior a los 125.000 y 84.000 euros sin haber funcionado como tales.
Naturalmente, si la Comisión no ha funcionado es porque la Junta de Andalucía y su gobierno, socialista con variantes desde 1982, no han querido.
Ahora, cuenta El País, el presidente Griñán, aprovechando el volcán interno del PP, se muestra partidario de impulsar la comisión, de modo que pueda conocerse cuánto cuestan los actos que organizan los partidos, de dónde obtienen los recursos y los "nombres y apellidos" de quienes realizan donaciones a las formaciones políticas. Según Griñán, los partidos que se encuentran en tareas de gobierno no deberían recibir donaciones.
Griñán dijo, además, que casos como el de los supuestos sobres del extesorero del PP Luis Bárcenas a altos cargos de Génova 13, deberían llevar a los partidos a plantear la prohibición de los sobresueldos a los cargos públicos. Para Griñán, cuando una persona "con un cargo público cobra un sueldo público, ese debe ser su único sueldo". Griñán precisó que cobra 3.530 euros netos al mes en doce pagas, un sueldo que comparó con el de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de la que dijo que cobra casi "cuatro veces más".
Respecto a las campañas electorales, Griñán indicó que los partidos deberían diseñar campañas electorales "más baratas" y desveló que un "gran mitin" como el que tradicionalmente realiza el PSOE en Dos Hermanas (Sevilla) cuesta nada menos que 600.000 euros.
El portavoz parlamentario popular, Carlos Rojas, además de manifestar su disposición a reactivar esta Comisión, puso una condición para ello: que el órgano sirva para "alcanzar la máxima transparencia".
Rojas recordó que esta comisión formaba parte del programa electoral del PP, y afirmó que el partido está dispuesto a "sentarse y a hablar de todo esto con absoluta transparencia". Según él, cuando se ponga en marcha la mesa de negociación de los partidos políticos habrá que abordar todas las propuestas "pero no en un día o en dos, sino estudiándolas bien y haciéndolas de la mejor manera posible, con la transparencia más absoluta".
Fue el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, quien lanzó la idea de dotar de contenido a la comisión de financiación de los partidos que estará dominada por la coalición gobernante de PSOE e IU. Además de para conocer las fuentes de ingresos de las formaciones de manera complementaria a la Cámara de Cuentas —más lenta y especializada en la fiscalización de las campañas electorales—, Castro propuso que la comisión formulara propuestas que se puedan incorporar a la futura Ley de Transparencia que prepara la Consejería de Presidencia e Igualdad, dirigida por Susana Díaz.
Actualmente, la comisión de seguimiento está presidida por el diputado socialista por Almería, José Luis Sánchez Teruel, abogado de profesión. La mesa de la comisión la completan, como vicepresidente, Manuel Baena, de IU; y, como secretaria, María del Carmen Pedemonte.