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Jueces y fiscales convocan el día 20 una huelga contra las reformas de Gallardón

La protesta es contra las nuevas tasas judiciales y la reforma del CGPJ. La APM y la Asociación de Fiscales se descuelgan de la convocatoria.

LD / Agencias
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Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, han convocado una jornada de huelga para el próximo día 20 en protesta por las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-GallardónApoyan la huelga la Unión Progresista de Fiscales y las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente.

La huelga se convoca contra las medidas de reforma del CGPJ, las nuevas tasas judiciales, la reforma "privatizadora" del Registro Civil, entre otras medidas, junto a la privación de medios y personal suficientes para la Justicia. Todo ello supone privar a este poder de su capacidad para luchar contra la corrupción, denuncian los convocantes.

La convocatoria de esta huelga se estaba barajando por jueces y fiscales desde hace meses aunque éstos esperaban que el ministro Ruiz Gallardón rectificara antes de adoptar una medida tan drástica. La del próximo día 20 se trataría de la cuarta huelga del Poder Judicial en democracia y la primera contra un Gobierno del Partido Popular.

Los portavoces de estas asociaciones han señalado este martes en rueda de prensa que cuentan para la convocatoria con el apoyo mayoritario de jueces y fiscales (porque sus asociaciones suman una mayoría de los asociados y porque las juntas de jueces y fiscales han apoyado sus reivindicaciones). Así mismo, han recordado el apoyo a la convocatoria manifestado por el Consejo General de la Abogacía y por las asociaciones de jueces y fiscales y otros funcionarios, es decir, por el sector judicial en su conjunto de modo mayoritario.

Los portavoces judiciales han considerado que la reforma del CGPJ implicará que el Gobierno se arrogue para sí el gobierno de los jueces, lo que supone una crisis institucional que cuestiona la separación de poderes y la independencia judicial, en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Respecto a las tasas judiciales, que imponen pagos por acceder a la jurisdicción civil a los ciudadanos, y no solo a las organizaciones o empresas (como sucedía hasta la reforma), jueces y fiscales han señalado que el número de litigios parece haber descendido desde su aprobación en un 25%. Esto supone que ese número de ciudadanos no ha podido acceder a la tutela judicial, lo que es un precio demasiado alto para evitar el colapso de los tribunales, han expresado, antes de pedir que una solución alternativa, como serían más medios personales y materiales.

Esto se concreta, entre otros puntos, en que no se supriman los jueces y fiscales sustitutos. 

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