Esta medianoche concluye el plazo fijado por el juez para que Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, depositen la fianza de 8,2 millones de euros. El abogado del duque de Palma ya planteó sus dudas de que pudieran hacer frente a esta cantidad y este miércoles trasciende cuál podría ser su estrategia.
El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, considera que en el caso de que finalmente devenga firme la fianza se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.
Así lo expone en el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, que el imputado ha interpuesto contra el auto de responsabilidad civil dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven de este proceso judicial. Tanto Urdangarin como Torres tienen hasta esta medianoche para hacer frente al pago de la caución.
Y es que, según la defensa del Duque, éste se vería "abocado a garantizar a favor de terceros importes que previamente se han abonado tanto a la Hacienda pública como a proveedores y trabajadores relacionados bien con los Congresos de Baleares, bien con los de Valencia".
"Se insiste en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos", asevera el letrado Mario Pascual Vives, quien recuerda que del Instituto Nóos "sólo percibió la sociedad Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento junto a la Infanta Cristina-, durante los años 2004 y 2005, el importe bruto total de 706.932 euros".
A juicio del letrado, la cantidad decretada "resulta desproporcionalmente excesiva" y, en caso de resultar la definitiva, "supondría que ninguna de las facturas emitidas por los responsables de las diferentes sociedades y asociación afectadas y aportadas por la defensa de don Diego Torres, y pagadas a terceros, no se computasen, descontándose de la anterior cantidad".
Además, en el recurso que planteó la defensa de Urdangarín por la fianza, el abogado argumenta que la fianza crea una "indefensión irreparable" en su cliente. Según Mario Pascual Vives, el auto firmado por el juez Castro supone una vulneración de los derechos fundamentales porque "acomoda a deshoras las diligencias previas al procedimiento abreviado" e incluye, apunta, "escritos y testimonios" que la defensa desconocía.
"Se denuncia la vulneración del principio de contradicción del procedimiento del derecho de defensa, a los efectos de invocarlo ante la Audiencia y el Tribunal Constitucional", apunta, sugiriendo un futuro recurso. Además, califica de "novedosa, extemporánea y sorpresiva" la inclusión de las nuevas referencias en el auto.
Para la defensa de Urdangarín, la instrucción de la causa se está "rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española".
El abogado apunta en su recurso, además, que Urdangarín "era (y es) pariente de SM el Rey" pero niega que esa condición le abriera todas las puertas de las administraciones públicas. Según dice el abogado, su condición de pariente del monarca no "devino tan irresistible" hasta el extremo de que los poderes públicas aceptaran lo que les proponía "sin rechistar". Añade que los gobiernos balear y valenciano no se dejaron "doblegar ante la supuesta luz cegadora que emanaba de mi mandante por su condición de pariente real", para obtener " algún favor regio" y ve "inverosímil" esa posibilidad.