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La Fiscalía cree que el partido de Duran se lucró de forma ilegal

Catalunya i Territori habría beneficiado a UDC al condonarle el alquiler donde ubicó sedes, vendiéndoselas luego a un precio inferior.

La Fiscalía de Delitos Económicos, que coordina el fiscal Francisco Bañeres, considera que la Fundación Catalunya i Territori, investigada desde 2010, benefició al Unió Democrática de Catalunya –el partido de Duran i Lleida- al condonarle el alquiler de locales donde la formación ubicó sedes y luego vendérselos "por un precio sensiblemente inferior".

Según informa El Mundo, el Ministerio Público considera que estas operaciones podrían constituir, en principio, "un delito de administración desleal", por lo que pedirá nuevas pruebas como la declaración del administrador concursal del grupo empresarial IMS, en concurso de acreedores desde 2008 y que, según el fiscal, sirvió para desviar el dinero.

La Fiscalía reclama en su escrito que el partido sea tenido en cuenta en el procedimiento, como partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario, las dos figuras jurídicas por las que fue condenado por el caso Pallerols hace unas semanas. El Ministerio Público considera que los imputados han cometido los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa, falsedad documental y varios contra Hacienda en las operaciones realizadas.

En la querella presentada en 2010, el fiscal establecía que, presuntamente, Unió se había beneficiado de servicios pagados por este grupo empresarial y la fundación. Además, destacaba que Catalunya i Territori tenía cinco locales en Lérida y Tarragona en los que Unió había instalado sedes. La fundación dejó de recibir el alquiler en 2005 y, poco después, vendió los locales al partido por un precio inferior al de mercado.

Desviados 1,8 millones 

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona investiga el presunto desvío de 1,8 millones de euros de la Fundación Catalunya i Territori al grupo empresarial entre 2003 y 2006, un desvío que habría sido justificado mediante el giro de facturas a esas sociedades por trabajos realizados, supuestamente, para el partido. Por esta causa hay 15 personas imputadas, entre ellas el presidente de la fundación en aquella época, Josep Boqué, que también fue director general de Consumo de la Generalidad en los años 90.

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