El Gobierno presentó este viernes una de sus medidas estrella: la reforma de la administración local. Es el aperitivo a la espera del plato principal: la reestructuración de la administración -también en su marco autonómico- que debería de estar lista antes de junio. El documento, que no es definitivo, recoge cambios sustanciales que, de cumplirse, redibujarían el panorama municipal. Para empezar, destaca el hecho de que dejará al 82 por ciento de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de mil habitantes. Los ingresos del regidor de las ciudades mayores no podrán superar a los de un secretario de Estado, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de mil a dos mil vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20 por ciento de esa cantidad.
El texto, además, fija la lista de competencias propias de los municipios y la desaparición de las llamadas "impropias", aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo. A partir de ahora, esto sólo podrá ocurrir cuando esa competencia vaya acompañada de financiación suficiente y, si la autonomía no la paga en tiempo, Hacienda le descontará el dinero de su participación en los ingresos del Estado.
También habrá una limitación en el salario de los funcionarios y se exigirá a las administraciones el cumplimiento de unos estándares de calidad y eficiencia. Las que no cumplan, o desaparecerán (mancomunidades y sociedades municipales) o deberán ceder sus competencias a las diputaciones (para los municipios de menos de 20.000 habitantes). El ahorro que se quiere conseguir se cifra en 7.129 millones.
La negociación sigue en el Congreso
Sin embargo, a la reforma todavía le queda largo camino por recorrer. De hecho, el "informe sobre el anteproyecto de ley" presentado este viernes podría sufrir "modificaciones" en el amplio sentido del término. Volvemos a encontrarnos en lo que fuentes gubernamentales denominan un "nuevo y último periodo de negociación".
En privado, el Gobierno admite que la propuesta de reforma ha supuesto una brecha importante con el poder municipal del PP. Las presiones han sido enormes, y han ido retrasando el proyecto semana tras semana desde diciembre. El propio presidente de la FEMP, el popularIñigo de la Serna,ya le advirtió a Mariano Rajoy que no comparten el plan de Cristóbal Montoro, mientras que desde el PSOE pronto se levantarían de la mesa al grito de que la reforma "llevaba al desmantelamiento de los servicios públicos".
Con este escenario, el ministerio de Hacienda se da todavía margen de maniobra. Al menos, hasta después de verano no entrará en vigor la "reforma definitiva", confirmaron las fuentes consultadas. Esto es, tras la decisión del Consejo de Estado -al que ahora se eleva el texto-, el paquete de medidas se discutirá en el Congreso de los Diputados. "Y nuestra receptividad es total a llegar a acuerdos", inciden. En paralelo se seguirá negociando con la FEMP para limar asperezas con los acaldes del PP.
Montoro prevé tener listo el documento con la presentación de los presupuestos municipales, que se suelen publicar entre septiembre y octubre. Fuentes del gabinete recalcaron que la negociación "debe servir para mejorar la reforma e incidir en la eliminación de las duplicidades, pero no para desandar el camino". Traducido: esperan mantener el "ahorro potencial total" de 7.129 millones de euros en el periodo comprendido entre 2013 y 2015.
Además de la clarificación de competencias, el Ejecutivo espera "limpiar el panorama" de mancomunidades "inservibles" y entidades locales menores, si bien este es uno de los puntos más enconados en la FEMP. También hay fricción en la reducción de las retribuciones.
El compromiso con la UE
El retraso en su aplicación podría tener, incluso, consecuencias en Europa. Según la "Estrategia española de política económica", fechada el 27 de septiembre del año anterior, las entidades locales acometerían ya en 2013 una tijera de 3.500 millones de euros. Pero, visto el calendario, no será hasta otoño cuándo se pongan manos a la obra.