El Ejecutivo echó el freno en medio de la marabunta de informaciones que apuntan a red de espionaje en Cataluña e insistió en que es el momento de la investigación. Oficialmente, nada se quiso dar por seguro porque "somos el Gobierno y tenemos que tener el máximo de los cuidados". Por ello, a lo más que llegó la vicepresidenta fue a evidenciar que, en caso de confirmarse lo publicado, "son actuaciones muy graves", pero que de momento desconoce "si se ha espiado o quién ha espiado".
La supuesta trama de escuchas ilegales desplazó al caso Bárcenas como plato principal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si bien, el Gobierno había diseñado una estrategia clara: no dar nada por supuesto. En caso contrario, "luego nos lo recuerdan siempre las hemerotecas", apuntó un alto cargo consultado. Así, Soraya Sáenz de Santamaría reiteró que la Brigada de Asuntos Tecnológico ya está investigando la denuncia interpuesta por la líder del PP catalán, y la administración "respeta y colabora en todo lo posible".
Ni mucho menos, la portavoz vertió, o alimentó, recelo alguno sobre la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Se le preguntó expresamente si el actual gabinete "sospecha" o "investiga" posibles espionajes en la era Zapatero, pero Sáenz de Santamaría no entró en ello, a pesar de que en la víspera Carlos Floriano, número tres de su partido, afirmara en relación al líder socialista: "Siempre es el mismo el que aparece implicado". Cabe recordar que, en su día, Génova denunció que estaba siendo objeto de grabaciones al margen de la ley.
La vicepresidenta no entró en tales hipótesis. Más al contrario, en su conocida posición de defender a las instituciones y al sistema de los azotes de conductas impropias, se mostró convencida de que no es una práctica generalizada: "No veo a la gente dedicándose a eso", dijo gráficamente. En este sentido, llegó una de sus respuestas más controvertida: "Puede que allí sea generalizado, pero no es lo habitual".
A Sáenz de Santamaría se solicitó que aclarara si se estaba refiriendo con ese "allí" a Cataluña, a lo que de inmediato matizó que se estaba ciñendo al "local" epicentro de todas las informaciones, en relación al restaurante La Camarga. En conversación informal con este diario, insistió en que no estaba elevando el halo de sospecha al conjunto de la comunidad.
Por el hecho de que el ministerio del Interior esté investigando -y "llegará hasta el final", dijo-, la vicepresidenta esquivó la cuestión una y otra vez con el mismo discurso de fondo: "Si esas noticias se confirman son actuaciones muy graves, pero en este país la fiscalía funciona, los jueces funcionan y si se demuestra se castigará". Y, en este sentido, denunció las insinuaciones de la Generalidad vinculado este asunto con su intentona independentista: "Que se deje actuar a la Policía sin meternos en mayores asuntos", fue su reclamación a Artur Mas.