Es el caos al que ha conducido el gobierno Griñán a la administración andaluza por su empeño en dejar "colocados" a todos los empleados de las empresas, fundaciones y entes públicos dentro de la estructura administrativa de la Junta de Andalucía. Los funcionarios y empleados públicos se opusieron a ello, al "decretazo del enchufismo", como fue llamado y recurrieron a los tribunales con su dinero. Estos han emitido decenas de sentencias que paralizan las nuevas agencias creadas por el gobierno Griñán para incluir a tales trabajadores que ahora cobran sin saberse muy bien qué es lo que hacen dentro de la Junta. El bufete responsable de la mayor parte de los recursos, el de Mariano Aguayo, afirma que muchos de los 25.000 trabajadores "colocados" pueden estar cobrando sin trabajar.
En una entrevista en El Mundo, dice Aguayo que "hoy hay unos 25.000 personas de empresas públicas de la Junta que funcionaban en régimen de Derecho privado, que se han integrado como ‘empleados públicos’ y que cobran directamente de la Administración autonómica. Eso es lo que se ha conocido como el decretazo, una reorganización de la Junta de abril de 2011. Hasta entonces, muchas de las funciones que tendría que haber cubierto la Junta la hacían empresas que no se regían por el Derecho Administrativo: contrataban a quienes querían disponiendo de recursos sin los controles que se exige a la Administración. Y ahora, esa gente que entró sin oposición ni concurso público, ni teniendo en cuenta los principios básicos de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, entran en el paraguas de la Junta."
La Junta "pasa" de las sentencias judiciales
Han pasado dos años de la Ley de Reordenación del Sector Público, conocida también como "ley del enchufismo", que motivó la sublevación de los funcionarios y empleados de la Junta de Andalucía porque equiparaba a quienes accedían al puesto público mediante pruebas exigentes y regladas de quienes habían accedido a puestos en empresas públicas sin requisitos previos, sin publicidad ni pruebas regladas.
Desde entonces, recuerda ABC, decenas de sentencias de juzgados de lo Contencioso y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han puesto de manifiesto que los miles de trabajadores contratados como laborales –sin oposiciones– en la "administración paralela", legalmente no pueden pasar a unas agencias de nueva creación con las mismas condiciones que los empleados públicos de carrera.
Pero a pesar de las sentencias, José Antonio Griñán no les hace caso ni las obedece y mantiene a miles de trabajadores en un "limbo" desde el punto de vista laboral. No pueden ser empleados públicos y no pueden volver a sus antiguas funciones en los entes y empresas públicas porque han sido extinguidos por orden de la Junta de Andalucía.
Esto conduce a situaciones kafkianas como es la que se deriva de la integración del personal del viejo ente Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía, DAPSA, en la nueva Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sentencia firme contra la que no cabe recurso.
Pero la Junta dice que la sentencia no impide a mantener el proceso del traspaso de los trabajadores de un ente a otro, a través de la denominada "sucesión de empresas", un mecanismo legal amparado por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Pero en la misma sentencia puede leerse: "Nada que objetar, desde luego, a la sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que obliga a la Agencia a subrogarse en derechos y obligaciones en los contratos de trabajo, pero una cosa es la subrogación empresarial de las normas laborales –recoge la sentencia– y otra bien distinta la integración, con las consecuencias legales apuntadas, que convierte a este personal automáticamente en personal laboral de la Agencia con acceso directo a la Administración instrumental de la Junta de Andalucía con atribución de potestades y funciones públicas".
Esto es, la Junta no puede convertir al personal procedente de una empresa pública o de una fundación en empleado público, pero lo sigue intentando dejando a la Administración andaluza en buena medida paralizada porque no se sabe qué trabajo desempeñan los miles de trabajadores procedentes de las empresas públicas en las agencias cuando las sentencias paralizan las decisiones de la Junta.