El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que la justicia puede "ayudar en este nuevo tiempo" en el País Vasco, una vez que ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada, interpretando y aplicando al ley según la actual "realidad social".
"La justicia puede ayudar en este nuevo tiempo aplicando la ley y haciendo una interpretación y una aplicación de la ley de acuerdo con los principios que están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos la aplicación según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las leyes, como dice el Código Civil, y de acuerdo con el espíritu y finalidad de las leyes, es decir adaptar la ley a la situación actual", ha sostenido Calpasoro en una entrevista concedida a Onda Vasca y recogida por Europa Press.
A su juicio, podrían efectuarse "cambios normativos" y, aunque ha reconocido que "en todo caso sería competencia del Parlamento", ha sostenido que los miembros de la judicatura deben hacer una aplicación de la legislación "lo más ponderada y ajustada a los fines de la ley de las penas", que según ha dicho tienen la reinserción "como fin primordial" y siempre "sujetos al principio de legalidad".
Críticas a la Audiencia
En este contexto, el fiscal Superior del País Vasco ha analizado el papel de la Audiencia Nacional, que a su juicio "pudo tener tener su justificación en su momento" debido a la acción del terrorismo etarra "y para alejar quizá de la proximidad al fenómeno de los jueces y fiscales".
Sin embargo, considera que, actualmente que el terrorismo "ha terminado", es "muy importante" la proximidad a las víctimas y al lugar de comisión del hecho delictivo, aunque ha reconocido que aún quedan aspectos como "la disolución de la banda terrorista".
En este sentido, ha apostado por un nuevo reparto competencial y volver al viejo modelo por el que las competencias de vigilancia penitenciaria las ostentaban jueces territoriales. "No vendría mal que se atribuyeran las competencias, que algunas ya tuvimos, por ejemplo en materia de vigilancia penitenciaria, que se volvieran a asumir por los órganos judiciales de cada territorio", ha defendido.
Esta legislación se cambió en el año 2003 creando el juez central de vigilancia penitenciaria con competencias para todos los asuntos que enjuicia la Audiencia Nacional.
No a la ilegalización de Sortu
Calparsoro ha repasado también la posibilidad de que pudiera iniciarse un proceso de ilegalización de Sortu y ha sostenido que, de momento, "no parece que se estén dando los requisitos" para que pudiera iniciarse este procedimiento.
"No tengo datos, no parece que, de momento, se pueda hablar de que se presente una demanda contra Sortu. Acaba de crearse este partido y parece un poco prematuro hablar en estos momentos", ha señalado.
Según ha recordado, el marco es la Ley de Partidos y una sentencia del Tribunal Constitucional establece "los límites" a los que debe someterse cualquier partido político en el sistema constitucional español y el momento en el que pueda ser objeto de un proceso de ilegalización. No obstante, ha insistido en que, "de momento, no parece que se estén dando los requisitos para ello".