Ubicado a apenas unos minutos en coche de Vitoria, la capital del País Vasco, el enclave castellano del Condado de Treviño se encuentra en pleno corazón del territorio histórico de Álava. Una especie de óvalo horizontal pintado de distinto color que ha sido anecdótico en los mapas políticos de España que se han estudiado durante años en los centros de enseñanza.
Con dos núcleos poblaciones de referencia, Treviño y La Puebla de Arganzón, llevan reivindicando su secesión de la provincia de Burgos y su anexión a Álava desde hace años. Fundadas ambas localidades durante las guerras castellano-navarras del siglo XII, en pleno frente de batalla, quedaron desde principios del siglo XIII apartados administrativamente del devenir de Álava.
Este viernes, de manera coordinada, los plenos municipales de ambas localidades han aprobado el inicio del proceso de segregación de Burgos y Castilla y León para su anexión a Álava y el País Vasco. Para ello, han contado con los votos de los independientes locales, PNV y Bildu en Treviño, y de los independientes del municipio en La Puebla, donde cuentan con mayoría absoluta.
En ambos municipios, los representantes del Partido Popular –tres en Treviño, uno en la localidad vecina–se han abstenido, en un difícil equilibrio para un partido político que está totalmente en contra de la segregación en Castilla y León pero que apoya abiertamente la anexión en Álava.
Ahora, tal y como establece para el caso de la segregación de un enclave la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, los ayuntamientos deberían remitir su decisión a la Junta de Castilla y León, aunque la misma deberá ir acompañada por un informe positivo para la segregación de la Diputación de Burgos, algo que parece más que imposible, pues el gobierno provincial no está dispuesto a autorizar la separación, por lo que las posibilidades reales de la anexión del Condado de Treviño al País Vasco son casi nulas.
Referéndums y consultas
La primera consulta popular sobre la que se tiene constancia ocurrió en 1919. Entonces, la población del condado decidió mayoritariamente rechazar su anexión a Álava. Un resultado que sería distinto dos décadas después, en 1940, cuando más del 90 por ciento de la población decidió apoyar la segregación de Burgos y la unión a Álava.
El Régimen de Francisco Franco decidió entonces consultar con la Academia de la Historia, quien resolvió que el Condado debía permanecer formando parte de Castilla La Vieja porque así lo había sido "en la sucesión de los siglos y sin interrupción". El sí mayoritario a la segregación se volvió a repetir en 1958, pero el Gobierno de entonces volvió a desestimar la petición.
Ya en democracia, en las últimas décadas del siglo XX, el cambio de provincia y región se volvió a intentar hasta en otras dos nuevas ocasiones. Exactamente, entre 1980, durante la configuración territorial que llevaba a cabo la incipiente democracia; y en 1998, cuando la petición contó con la oposición frontal de la Junta de Castilla y León, presidida entonces por Juan José Lucas. En ese último año, votó un 77 por ciento de los habitantes del enclave, con un 68 por ciento de apoyo a la segregación.
Objeto de deseo del nacionalismo
Más allá de Navarra y el denominado País Vasco francés, la entelequia de Euskal Herria que ansía el nacionalista vasco tiene también como objetivo de deseo dos territorios españoles que no forman parte de la comunidad vasca. El primero, el Valle de Villaverde o Villaverde de Trucios, un enclave cántabro al oeste de Vizcaya. El otro, el Condado de Treviño.
No en vano, el conocido el proyecto de Libre Asociación de la Comunidad vasca a España, conocido popularmente como Plan Ibarretxe, que fue aprobado por el Gobierno vasco en octubre de 2003, hacía mención a la posible anexión de estos dos enclaves en el artículo 2 (Territorio) de su Título Preliminar.
"Desde el respeto al principio democrático, podrán agregarse a la Comunidad de Euskadi los enclaves territoriales que, estando situados en su totalidad dentro de su territorio, se manifiesten, libre y democráticamente a favor de su incorporación, mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que soliciten la incorporación los Ayuntamientos interesados. b) Que lo acuerden los habitantes de los Municipios del enclave, mediante referéndum que deberá ser convocado al efecto, aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. c) Que lo aprueben el Parlamento Vasco y las Cortes Generales del Estado". (Artículo 2.2)
Pero el intento del nacionalismo de adueñarse del enclave viene de muchos antes. Y es que desde el inicio de la democracia, los nacionalistas, con el apoyo en algunos casos de los partidos constitucionalistas, han venido creando de manera continuada comisiones especiales en el Parlamento vasco para tratar la anexión de Treviño.
A esto, se han unido diversos conciertos y acuerdos con los ayuntamientos del territorio, tanto por parte del Gobierno vasco como de la Diputación Foral de Álava, para intentar anexionar de facto, en algunas materias, al vecino condado burgalés.
Estos convenios han llegado incluso a las altas instancias de la Justicia. En diciembre de 2008, la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desautorizó al Ejecutivo vasco por un convenio que había firmado en 2002 –con Juan José Ibarretxe en Ajuria Enea– con los ayuntamientos de Treviño y La Puebla de Arganzón en materia de educación, cultura y promoción económica.
El TS argumentaba que el convenio firmado invadía competencias que pertenecían en exclusividad a la Junta de Castilla y León y que el mismo pretendía, casi exclusivamente, "expandir la enseñanza del euskera" en el condado castellano. Confirmaba así un fallo del TSJ castellano-leonés anulando la firma del mencionado convenio.
En marzo de 2010, la Diputación de Álava, gobernada entonces en minoría por el PNV, aprobó una declaración en su Consejo de Gobierno comprometiéndose a "seguir con el compromiso ético-moral de trabajar por la integración de Treviño en Álava, convirtiéndola en la octava cuadrilla".