La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves un recurso de reforma ante Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, contra el auto donde se admitió a trámite el pasado lunes la querella interpuesta por Izquierda Unida (IU) por los ‘papeles’ de Bárcenas.
En concreto, el fiscal quiere que se dejen sin efecto las trece diligencias que el instructor ordenó practicar en el auto de admisión, entre ellas la citación de varios de los empresarios que aparecían como donantes de dinero al PP en los documentos publicados por El País.
Sobre las diligencias acordadas por Bermúdez, el Ministerio Público subraya que son "innecesarias y también desproporcionadas". Asimismo, en el recurso Anticorrupción reprocha al instructor que ordene practicar una amplía batería de diligencias cuando ni siquiera se ha resuelto si corresponde a él la investigación de estos hechos.
También recrimina al juez que estableciera una división arbitraria entre quienes a su juicio están imputados –los diez empresarios contra los que se dirigía la denuncia serán citados los próximos días 25, 26 y 27- y quienes no –Bermúdez consideró prematuro citar en dicha condición a los exministros del PP Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo- basándose para ellos en unos hechos comunes recogidos en la querella de IU.
"No explica el Instructor por qué una parte de los hechos recogidos en los mencionados apartados de la querella(...) los que afectan a supuestos pagos de empresas y empresarios tienen, según el Instructor, apariencia de buen derecho y ha de tenérseles por imputados e investigar los hechos; y sobre otros hechos, esto es, los referidos a sobresueldos de altos cargos públicos del Partido Popular, considera que la querella establece un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo sobre la razón de ellos, afirmando sin más que ese dinero los recibían para la toma de decisiones a favor de las empresas y empresarios pagadores o para influir en esas decisiones".
Ruz, el juez competente
Por otro lado, la Fiscalía sostiene que es el Juzgado Central de Instrucción Número 5, capitaneado por Pablo Ruz, el competente para investigar la supuesta contabilidad B en el Partido Popular. El fiscal se apoya en que Ruz ya había abierto una pieza separada por estos hechos basándose en la conexidad con la trama Gurtel cuando Javier Gómez Bermúdez decidió admitir la querella de IU.
En este sentido, el fiscal subraya que en estos momentos la actividad principal del juez que presidió el tribunal del 11-M tiene que ir dirigida a resolver sobre su competencia, "evitando la doble instrucción sobre los hechos".
En su auto dictado el pasado lunes, Bermúdez señalaba que el Ministerio Fiscal no había informado sobre la competencia o no de la Audiencia Nacional, "lo que nos resulta extraño pues hemos mantenido la competencia del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 y, por tanto, de la Audiencia Nacional", destaca Anticorrupción en su escrito. Será primero el propio juez, y después la Sala de lo Penal si éste lo rechaza, la que deba resolver este recurso.
Para ello los togados tendrán que tener en cuenta el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que establece que los recursos de reforma y apelación presentados contra una decisión de un juez instructor "no suspenderán el curso del procedimiento", lo que avala la posibilidad de que Gómez Bermúdez lleve a cabo las diligencias que ha acordado. De momento, este instructor manejará los tiempos. Lo hará con el consentimiento del fiscal.