La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha imputado al secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su presunta vinculación con la supuesta trama delictiva para la concesión irregular de estaciones de ITV en Cataluña, ha informado el alto tribunal.
Lo ha decidido el TSJC –que es el competente para imputarlo por ser diputado y en consecuencia aforado– después de haber recibido un informe del fiscal y una exposición razonada de la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que investiga el caso.
En el auto, el magistrado Enric Anglada mantiene que Pujol usó presuntamente su "peso político" en CDC y en su grupo parlamentario para conseguir un "beneficio económico para él y/o sus amigos", y que para ello logró incluso el nombramiento de dos cargos en el Departamento de Empresa.
Señala indicios de que Oriol Pujol, gracias a su peso político como secretario general de CDC y como presidente de su grupo en el Parlamento catalán, llevó a cabo varias operaciones destinadas a conseguir la adjudicación de un lote de ITV, "con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores".
En opinión del magistrado del TSJC, el líder convergente buscaba adjudicar un lote de estaciones de ITV, "vulnerando el derecho a la libre concurrencia pública, de tal manera que su actuación coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política al resto de implicados" en el asunto.
Entre las operaciones llevadas a cabo por Pujol que menciona el TSJC destaca la de conseguir los nombramientos de Josep Tous y de Isidre Masalles -ambos imputados también en la causa- como mediador de la administración en el conflicto de las ITV y como nuevo subdirector de Seguridad Industrial de Cataluña, respectivamente.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada pidió su imputación al entender que existen indicios de un delito de "tráfico de influencias" y participación en la trama junto con los otros imputados en el caso: el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, Josep Tous, y tres empresarios del sector de las ITV: Sergio Pastor, Sergio Alsina y Ricard Puignou.
La petición de la Fiscalía se produjo después de que un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario situase al único hijo del expresidente de la Generalidad Jordi Pujol que se ha dedicado a la política como "colaborador necesario" de la trama de las ITV.
Según consta en el sumario, Oriol Pujol era "el hombre encargado de aportar influencia política" y de mediar para conseguir beneficios a este grupo de empresarios.
Alsina y la esposa de Pujol habían trabajado en la misma empresa, la consultora industrial Alta Partners, y los investigadores sospechan que ella pudo haber emitido presuntamente facturas falsas por conceptos genéricos.
En julio del pasado año, tras salir a la luz el informe de Hacienda, Oriol Pujol defendió su inocencia en una comparecencia en el Parlamento catalán convocada para defender a su vez a su partido de las acusaciones de financiación irregular a través del Palau de la Música: "No soy ni colaborador, ni necesario".
En el debate del 27 de febrero sobre medidas anticorrupción, Pujol dijo que prefiere "ser injusto", incluso consigo mismo, que perjudicar el proceso secesionista que defiende su formación.
Durante su discurso y cuando se refería a la forma de actuar ante un político imputado, pidió hacer un paréntesis para hablar de él ante su posible imputación por la trama de las ITV: "Uno debe saber que no debe molestar al proceso político que defiende".
De esta forma ahondó en el posicionamiento que defendió el mismo día en que la Fiscalía pidió su imputación, cuando dijo que no iba a ser un estorbo para el proceso independentista, dejando entrever que se apartará si se confirma su imputación.