Doscientos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil fueron los efectivos de la operación Heracles, una operación que busca a dónde fueron a parar finalmente los millones de más pagados en comisiones despropocionadas a las aseguradoras e intermediarios del caso de los ERE. La confesión de uno de los imputados, Juan Francisco Algarín, encarcelado hace dos meses, de que llevaba sobres llenos de billetes de 200 y 500 euros a los bares que están frente a sedes de la Junta de Andalucía, explica por sí solo la envergadura política del caso y la podredumbre existente en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
La operación Heracles trata de identificar a los destinatarios de parte de fondo de los ERE, dotado con 721 millones irregular, oscura y partidistamente distribuidos por la Junta de Andalucía, de los que un mínimo de 68 millones, cifra determinada por la Cámara de Cuentas, desembarcaron en comisiones sin control ni legalidad que llegaron a suponer el 29 por ciento de las pólizas. Igualmente busca definir el método usado para colocar a más de 180 intrusos en los diferentes ERES gestionados.
La señal de que la juez Alaya va en serio es el nuevo encarcelamiento del ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que declaró ayer durante tres horas. Pero la juez Alaya siguió hasta la madrugada en el despacho con el interrogatorio de Jesús Bordallo, consultor de Vitalia, que fue testigo de la inclusión de intrusos por parte del exdiputado socialista Ramón Díaz y que quedó en libertad con cargos anoche tras declarar que era un subordinado.
Ayer quedaron en libertad la mujer del abogado Carlos Leal, así como su hermano, Eduardo Leal. Otro socio del despacho Villasís, Alfredo Jiménez, no fue detenido aunque también está imputado
Hoy tomará declaración a Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, por haberse quedado con 3,7 millones de dichas comisiones. Tambièn declara hoy el ex sindicalista de UGT, Juan Lanzas, pieza clave de esta fase de investigación y presunto autor de un complejo sistema de empresas pantalla. Igualmente, están previstas para hoy las declaraciones del exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce y de Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.
La nota de color del día la ha puesto el conocerse que el presunto camello de la cocaína, Gregorio Martínez, también recibió, como el chófer Trujillo, una subvención de 444.000 euros de manos de la Consejería de Empleo de la Junta.
A las puertas del despacho de Griñán y Chaves
El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha dicho hoy mismo que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, "estaba sin duda alguna al corriente" de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta porque fue advertido hasta "15 veces" por el Interventor General y ha augurado que se conocerán "más políticos" implicados en la trama tras la nueva fase de la investigación abierta con la operación Heracles.
Según Zoido, las detenciones, imputaciones y registros practicados en las últimas horas ponen de manifiesto "lo que venimos manteniendo desde el PP hace muchísimos meses, incluso hace más de un año: que existe una trama perfectamente orquestada donde no cabe la menor duda de que está implicado el PSOE y también altos cargos de la Junta de Andalucía y que ha servido para distraer y defraudar más de 1.400 millones de euros en un escándalo sin precedentes en la democracia española".
Zoido manifestó su estupor porque hubiera habido un director general de Trabajo, Guerrero, que durante ocho años trabajó para tres consejeros y que nadie le dijera nunca que sus modos y maneras de hacer las cosas eran impropias.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando, ha exigido a Griñán explicaciones "de forma inmediata", le ha instado a "contar la verdad" y a asumir "las responsabilidades políticas" tras la veintena de detenciones practicadas ayer. Y dijo que Izquierda Unida tenía que obligar a Griñán a dar tales explicaciones.
Igualmente, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que dé explicaciones sobre el caso de los ERE en Andalucía, ya que, a su juicio, el dirigente socialista "conocía la existencia de esta forma de hacer...porque él era consejero de un gobierno en el que el consejero de Economía y el interventor general de la Junta de Andalucía dijo en más de una ocasión (...) que se estaba haciendo un uso fraudulento de dinero".
El PSOE dice que ha habido transparencia total
Zarrías ha insistido en la transparencia total del PSOE en este asunto. Zarrías ha llegado a decir que "si hay una administración que ha dado explicaciones por activa y por pasiva ha sido la Junta de Andalucía", desde sus presidentes –el actual y el anterior– hasta "todos los responsables que, directa o indirectamente, puedan haber tenido conocimiento de lo que allí se estaba fraguando". En ese sentido, ha añadido que ese fraude era "desconocido por todos" y "sólo (lo conocían) los responsables de la fechoría".