La instrucción del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, que comenzó en 2010 cuando se detectó la presencia de los dos primeros "intrusos" en la empresa Mercasevilla, ha sido reactivada esta semana por la jueza Mercedes Alaya, tras seis meses en el dique seco aquejada de una enfermedad.
Después de más de 24 horas encerrada en la sede de su juzgado, la jueza decretó ayer prisión para cuatro personas acusadas en la última fase de la investigación, aunque dos de ellas pueden eludirla con fianza de 50.000 euros, con lo que se elevan a siete los encarcelados de los 22 imputados en varias provincias españolas.
Antonio Garrido y María del Carmen Fontela, los "intrusos" de un ERE de 2003 de la empresa Mercasevilla, fueron en noviembre de 2010 los primeros eslabones de una cadena que cayó en manos de la jueza de instrucción número 6 de Sevilla y cuyas piezas se multiplicaron en forma de presuntas irregularidades en el seno de la Junta.
El caso de los ERE fraudulentos, que cuenta ya con 183 "intrusos", puso la lupa en las ayudas otorgadas por parte de la Junta de Andalucía desde 2001 cuando el ex director general de Trabajo de la administración andaluza, Francisco Javier Guerrero, declaró ante la Policía sobre la existencia de un "fondo de reptiles" en la Junta.
Guerrero confesó que llegó a disponer de un fondo de 647 millones de euros correspondiente a una partida -la 31L- del presupuesto de la Junta y que presuntamente eludía los controles de fiscalización, un extremo que tomó cuerpo cuando la Intervención de la Junta admitió la existencia de advertencias durante años.
La Intervención General de la Junta admitió haber realizado hasta una quincena de notificaciones a la Consejería de Economía alertando de que las ayudas -a los ERE y a empresas en crisis- no seguían el procedimiento adecuado, aunque el Gobierno andaluz ha sostenido que el órgano fiscalizador solo habló de "discrepancias".
Ese fue al menos el argumento utilizado por el presidente andaluz y exconsejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, durante su comparecencia en la comisión de investigación que se creó en el Parlamento andaluz y que se cerró sin acuerdo entre los partidos -PSOE, PP e IU- tras varios meses de comparecencias.
Griñán declaró que en su etapa como consejero de Economía el interventor nunca detectó fraude ni menoscabo de fondos públicos, que solo informó de "discrepancias" con el procedimiento para otorgar las ayudas y que nunca le pidió que actuara por supuestas irregularidades en la concesión de las ayudas.
Paralelamente a la pugna política, la instrucción de Alaya siguió avanzando y comenzó el peregrinaje de imputados por su juzgado, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien ingresó en la cárcel el 24 de abril de 2012 y que finalmente salió tras pagar una fianza de 450.000 euros.
Además de al exconsejero, la magistrada decretó la prisión del chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, del que trascendió que había recibido ayudas con las que incluso dijo que llegó a comprar cocaína.
Encontrar 50 millones de euros
Los encarcelados en esta primera fase del caso fueron puestos en libertad y la jueza continuó la instrucción hasta que en septiembre de 2012 pidió una baja laboral debido a unas fuertes cefaleas, por lo que el caso quedó en manos del juez Iván Escalera y posteriormente de los magistrados Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes.
Pero seis meses después, el pasado 5 de marzo, Alaya regresó a su puesto y tras lograr volver a quedarse en exclusiva con el caso lo ha vuelto a reactivar con una segunda operación centrada en buscar a dónde fue a parar el dinero pagado en comisiones a las aseguradoras e intermediarios de los ERE.
La Guardia Civil ha cifrado esta cantidad en 50 millones de euros, aunque "podría aumentar de manera significativa" a medida que se analice la documentación incautada en los trece registros realizados, y la operación se ha saldado ya con más de una veintena de detenidos, algunos de ellos ya en prisión.
El pasado miércoles Guerrero volvió a la cárcel, y desde la madrugada del viernes también lo están el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y el intermediario Juan Lanzas, al que la Guardia Civil le encontró escondidos bajo la cama de sus padres 82.000 euros distribuidos en varios sobres.
Juan Francisco Algarín, presunto testaferro de empresas utilizadas para blanquear dinero procedente de las comisiones ilegales que cobraban los imputados, estaba en la cárcel desde enero, aunque salió en libertad el jueves pasado, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción.
La magistrada Mercedes Alaya, que según quienes la conocen es distante pero imparable, se ha enfrentado incluso al Gobierno andaluz, al que ha reclamado reiteradamente diversa documentación.
En respuesta, la administración autonómica le ha pedido "celeridad" para determinar las responsabilidades, para que paguen los culpables y se devuelva "hasta el último euro" que haya sido defraudado. Mientras tanto, la instrucción continúa.