El vicepresidente de la Junta y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, insiste en que la federación de izquierdas "se replanteará con serenidad y tranquilidad" la continuidad del pacto con el PSOE-A si la acción de la Justicia en relación con el caso de los ERE fraudulentos "afecta a cualquiera de los que están hoy sentados en el Consejo de Gobierno". Afirma, no obstante, que ello "no se apreció en la comisión de investigación" constituida en el Parlamento andaluz "y no se ha apreciado actualmente por la propia intervención de la Justicia", pese a lo que apunta la juez Alaya en su último auto.
Valderas se ha pronunciado así este lunes durante una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha desvelado que no ha hablado "de estos temas" con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, desde que el pasado miércoles se desarrolló la denominada operación Heracles, ya que su último contacto tuvo lugar la víspera en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y ha querido dejar claro que el caso ERE "no está dentro de los aspectos del acuerdo de gobierno", por lo que IULV-CA tiene "las manos totalmente libres". "IULV-CA no tiene en absoluto nada que ver, ni silencia ni acuerda ni está atada a nada, y eso es conocido por parte de todos los andaluces", ha subrayado.
El líder andaluz de Izquiera Unida también ha criticado el, a su juicio, "cinismo y fareseísmo" del presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, por pedir la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Griñán y de su antecesor al frente de la Junta, Manuel Chaves, después de que ya acudieran el pasado mes de septiembre a la comisión de investigación en el Parlamento andaluz y mientras el PP bloquea en la Cámara Baja la propuesta de IU de crear una comisión "que investigue las finanzas de todas las fuerzas políticas de forma valiente donde pueda comparecer cuanta gente sea necesaria y sea llamada".
Valderas ha asegurado que el marco de referencia para IULV-CA en el caso ERE es el "informe de síntesis" que presentó en su día el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Ignacio García, "y que fue sorprendentemente mutilado por coincidencia de PSOE y PP" porque delimitaba de forma "clara y explícita elementos de responsabilidades políticas y administrativas" y que "ya detectó y denunció muchas de las cuestiones que están planteándose ahora como la presencia de intrusos y la falta de criterios para elegir a las empresas a las que se ayudaba, la existencia de ayudas a empresas inexistentes o con escasa actividad concedidas de forma arbitraria, la inexistencia de procedimientos de selección en aseguradoras e intermediarios o la existencia de elevadas comisiones alcanzando hasta el 29 por ciento".
La responsabilidad, "desde el 8 de mayo"
En este sentido, ha querido dejar claro que "si la Justicia afecta a cualquiera de los que están hoy sentados en el Consejo de Gobierno, esta fuerza política tendría que replantearse con serenidad y tranquilidad los elementos de ese nuevo aspecto que no se apreció en la comisión de investigación y que no se ha apreciado actualmente por la propia intervención de la Justicia" y ha defendido que "en este caso la Justicia está obligada a llegar hasta el máximo, hasta el final caiga quien caiga y alcance a quien alcance". "Nuestro compromiso era crear una comisión de investigación, así lo hicimos y las conclusiones iban más allá de lo que la juez había puesto encima de la mesa en aquel momento. Hemos cumplido con nuestro programa y nuestro compromiso con los andaluces y no tenemos ningún temor porque nada nos ata a replantearnos cuestiones que no estaban en el acuerdo de gobierno, donde sólo acordamos 250 medidas y 28 leyes", ha recalcado.