Este lunes la juez Alaya suspendió las declaraciones de los dos últimos imputados pendientes de hacerlo, el abogado de Estudio Jurídico Villasís, Carlos Leal Bonmati, y el director de Uniter José González Mata, que insiste en que jamás cobró sobrecomisiones.
Sin embargo, el ex directivo de Vitalia, la otra consultora, Antonio Albarracín, entona un cante, aún leve, que conduce a los sindicatos UGT y CCOO y a la Junta de Andalucía, en una tela de araña de sobornos a altos cargos ya detectada por la juez.
El nombre de Gaspar Zarrías aparece con fuerza en los ERE de Jaén, su provincia, donde el conseguidor Juan Lanzas intervenía en todo. Y el todavía presidente Griñán insiste en que no es responsable de nada.
No es que la juez Alaya se haya cansado o resentido de su enfermedad, lo que ha ocurrido es que ha querido leer la reciente y copiosa documentación que ha llegado a su juzgado sobre estos dos casos antes de proceder a los interrogatorios, que en cualquier caso no van a dilatarse mucho en el tiempo y a eso ha urgido la propia Fiscalía Anticorrupción para organizarse en esta Semana Santa.
¿Empieza el cante?
Las duras medidas preventivas adoptadas por la juez Alaya persiguen, entre otros fines, que los imputados reflexionen si les conviene o no seguir guardando silencio o dar una oportunidad a un cante por bulerías, como se dice en el Sur. De momento, Antonio Albarracín, ex directivo de Vitalia, la principal consultora implicada en el fraude, ha dicho ya, vía abogado defensor y dirigiéndose por escrito a la juez Alaya, que solicita la imputación formal de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, a los que suma a Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, secretarios generales de UGT y CCOO respectivamente.
Según el letrado del comisionista, el propio auto de la juez Alaya mediante el que encarceló a su defendido, es la base de sus peticiones. Si el pago de las sobrecomisiones no era la consecuencia de la falta de controles en la Junta sino su causa, es que el sistema del fondo de reptiles era, sobre todo, un negocio para algunos.
El ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual ya se lo han certificado a la juez: "Pregunte a los sindicatos y a los señores de Andalucía". Igualmente Carlos Leal, imputado del Bufete Villasís pendiente de declarar, estaría dispuesto a "tirar de la manta" llegando, "por elevación" hasta los sindicatos y la Junta. Leal tuvo a un familiar directo en la cúpula de Comisiones Obreras pero conoce asimismo las relaciones de UGT con la trama.
El más curioso es el cante de UGT-Andalucía que se desentiende de todo y señala a su organización nacional dirigida por Cándido Méndez. En declaraciones a Europa Press, Manuel Pastrana, el líder de UGT en Andalucía, decía que "nuestro papel nunca ha ido más allá de firmar protocolos con las empresas, si existía, y con las administraciones" y que según los estatutos del sindicato y su organigrama interno, la responsabilidad corresponde a las federaciones estatales, que poseen personalidad jurídica propia y capacidad para actuar con autonomía. O sea, que fue Cándido Méndez el responsable de todo.
La Junta permitía el negocio de Vitalia
Alaya afirma que la trama de los ERE corrompió, además de al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a otros altos cargos sobornados en referencia expresa a la consultora Vitalia.
Según indican este martes El Mundo y El País, la juez considera que la cúpula de Vitalia, conformada por Eduardo Pascual Arxé y María Vaqué Molas, ordenaba el pago de comisiones con transferencias "cuyo destino, entre otros cargos de la Junta de Andalucía cuyos nombres no da por ahora, eran las cuentas del director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero".
La juez tiene un informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que dice que las mutualidades del grupo Eurobank propiedad de Vitalia) — Personal Life, Norton Life y Fortia Vida, disuelta e intervenida por la Generalitat— carecían de autorización para realizar operaciones de seguro fuera de Cataluña, por lo que las pólizas suscritas con la Junta serían, además, irregulares.
La actividad supuestamente delictiva de Vitalia consistía, según la juez, en "sobrecomisiones por encima de la media del mercado, introducción de intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas), colocación de testaferros al frente de algunas sociedades, pagos de comisiones a terceros por dar trabajo a Vitalia".
Estos dineros "perseguirían el enriquecimiento personal de los máximos responsables de la fijación de las mismas". Dicho de otro modo, la Junta pagaba de manera consciente sobrecomisiones "extremadamente elevadas y distantes del precio del mercado", porque éstas revertían en mordidas para algunos de sus cargos públicos y el sistema era conocido por el "consejero de Empleo", cargo ocupado entre 2000 y 2010 por José Antonio Viera, diputado nacional del PSOE y aforado, y Antonio Fernández.
El dinero salía de la Junta para los ERE y, en parte, volvía a la Junta según un modelo descrito por la juez. El "equipo coordinador" de Vitalia, compuesto por Eduardo Pascual y María Vaqué, daba indicaciones a la responsable del departamento de contabilidad del holding, Olga Pascual, para que realizara transferencias de fondos.
Desde las cuentas que Vitalia tiene en Barcelona se transferían cantidades a la cuenta de la oficina de Madrid, y desde esta, "presuntamente se retirarían cantidades en efectivo o se ordenarían nuevas transferencias cuyo destino, entre otros cargos de la Junta de Andalucía", era Guerrero, que se embolsó 336.000 euros en 170 transferencias. Guerrero cobró otros 303.588,31 euros "de origen desconocido", de los cuales 254.584 se fueron ingresando en sus cuentas mediante imposiciones inferiores a 3.000 euros, con el fin de no identificar al autor de los pagos.
¿Quién se benefició del negocio?
La Junta, además de servir a "una especie de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta de Andalucía", lo que permitía era un negocio. ¿De quiénes en la Junta? Hasta el momento, la investigación patrimonial de la Guardia Civil sobre los bienes del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y varios miembros de su familia concluyó sin indicios de un enriquecimiento ilícito, por lo que la identidad de los altos cargos beneficiados junto a Guerrero sigue sin conocerse. Fernández, tras una estancia en prisión, está ahora en libertad provisional con fianza.
Hay otro exconsejero de Empleo señalado por la Guardia Civil por su "papel esencial" en ciertas subvenciones: el diputado nacional del PSOE José Antonio Viera. El País aclara que "de momento, Alaya no ha definido su implicación, y si lo hiciera debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Viera, algo que no parece desear la juez por ahora y hasta que no tenga avanzada la instrucción del caso.
Zarrías, Lanzas y la provincia de Jaén
Cárnicas Molina, una empresa jiennense, obtuvo un ERE intermediado por Juan Lanzas, el conseguidor exugetista, y finalmente cerró. Tras ello, la Junta de Andalucía contactó con dos empresas, Dhul y Proasego en un canje de instalaciones por plantillas.
Dhul, propiedad de la familia Ruiz Mateos, recibió en octubre de 2008 un incentivo de 6,4 millones de euros de la Junta de Andalucía para facilitar alternativas industriales al cierre de Primayor -antigua Cárnicas Molina-, y en febrero de 2009 otro de 2,2 millones de euros para la elaboración de platos precocinados. Además, los Ruiz Mateos se hicieron con la fábrica sevillana de Central Lechera Asturiana, de acuerdo con Zarrías. En toda la operación estuvo presente Juan Lanzas.
Lanzas intervino en dos ERE de Dhul, además de los de las bodegas Garvey, Zoilo Ruiz Mateos S.A. y en una de las sociedades hoteleras del grupo, y pactó tres millones de euros en comisiones, ya que su tarifa, subraya ABC, era de 600.000 euros por cada uno de los cinco Expedientes de Regulación de Empleo que "ayudó" a conseguir.
La juez Alaya tiene constancia de correos y balances de Nueva Rumasa de los pagos que Juan Lanzas recibía en metálico de los Ruiz Mateos. Un correo electrónico daba instrucciones bajo el epígrafe "Sobres" y allí aparece la inscripción "30.000,00 Juan Lanzas (en 500)".
Resumiendo, el exmiembro de UGT y, como mínimo, conocido de Gaspar Zarrías, recibió de Nueva Rumasa entre 15.000 y 30.000 euros semanales en distintos periodos entre 2007 y 2010, que suman 569.100 euros aunque debía haber cobrado tres millones.
Griñán culpa al interventor
El PSOE afirma que Griñán, que es su presidente nacional, está siendo víctima de una cacería del PP en el caso de los ERE. Griñán también ha pedido comparecer ante el Parlamento autonómico para "contrastar" datos sobre los ERE fraudulentos y ha señalado que no tiene "ningún inconveniente" en hacerlo en las Cortes si así se solicita y lo permite el reglamento del Congreso.
Lo más curioso del caso es que Griñán, que evidencia su nerviosismo, para defenderse de la responsabilidad política se aferra al Interventor General de la Junta que le advirtió de las irregularidades hasta en 17 ocasiones y le señaló como responsable del cebamiento continuo y creciente de la trama corrupta.
Según Griñán, las ampliaciones presupuestarias de la partida del fondo de reptiles que él autorizó lo hizo con la autorización del interventor: "Yo no engordé nada, porque todos los procedimientos de atribución de fondos, bien fueran iniciales o de ampliación, se hicieron conforme a la ley. Uno en el Parlamento, a través de la aprobación de la Ley de Presupuestos, y el otro conforme dice la Ley de Hacienda: con petición de parte, sin que suponga en ningún caso aumento de gasto, con informe de la Dirección General de Presupuestos y con informe, que no sé por qué se olvida siempre, de la Intervención General de la Junta", dijo.
Pero dice El Mundo que un informe de la Intervención General -firmado por Rocío Marcos y remitido en diciembre de 2011 al gabinete jurídico de la Junta- aclara que el papel de un interventor, en el caso de las modificaciones presupuestarias se limita a informar de la legalidad del acto concreto, sin entrar a analizar ni el procedimiento general de concesión de ayudas ni, por supuesto, el destino de los fondos públicos que se liberan.