La Secretaría de Estado de Seguridad ha hecho llegar a las comisarías por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional una Instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos.
"Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratará de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente", dice la Instrucción a la que ha tenido acceso Europa Press.
En esa misma nota de apenas un párrafo y firmada por la Dirección Adjunta Operativa que dirige Eugenio Pino "se ruega máxima difusión".
Vigilancia policial
A esta medida se unen las medidas de vigilancia que, según fuentes del Gobierno, está estudiando el Ejecutivo de Rajoy. En concreto, se está sopesando la posibilidad de asignar una vigilancia especial a algunos dirigentes políticos del Partido Popular y los cargos públicos que se están viendo acosados en sus casas por los promotores de la plataforma antidesahucios que encabeza Ada Colau.
Así lo reconocieron a Servimedia fuentes gubernamentales, preocupadas por las coacciones y los ataques que han sufrido altos cargos del PP como Esteban González Pons o los diputados Antonio Gallego y Carmen Maniega. Por ello, se plantea asignar una vigilancia temporal mientras dure la actuación de este grupo. Fuentes de Interior precisaron a la agencia Efe que no se trataría de escolta, sino de una vigilancia policial especial hasta que cesara el acoso.
Varios de los políticos atacados ya han presentado denuncias ante la Policía por los insultos y, sobre todo, por el acoso sufrido en sus propias viviendas, donde grupos de violentos han empapelado con fotografías y mensajes amenazantes los portales y las fachadas.
El dispositivo que se plantea el Ministerio del Interior contempla una vigilancia distinta a la escolta habitual que tienen los cargos políticos, como los miembros del Gobierno. Se considera que la amenaza actual es diferente y, por lo tanto, se retiraría cuando desaparecieran las circunstancias actuales, informa Servimedia.
Se trata de una protección personal para evitar que el acoso que sufren los dirigentes del PP vaya a más y, especialmente, para impedir que llegue a producirse una agresión de manifestantes como los que insultaron a Esteban González Pons cuando hace unas semanas acudió a un teatro de Valencia o cuando recientemente entró a su casa entre ataques verbales.
Una estrategia organizada
El Ministerio del Interior entiende que esta vigilancia sería adecuada por tratarse de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad política y que, además, ostentan un escaño en el Congreso de los Diputados.
La decisión está en manos del Cuerpo Nacional de Policía y de los propios afectados, que podrían solicitar motu proprio vigilancia si sienten una amenaza grave. En este sentido, fuentes del Partido Popular aseguraron a Servimedia que la medida está encima de la mesa ante la tensión creciente que se está produciendo en las calles protagonizada por el grupo de Colau.
En la formación que lidera Mariano Rajoy entienden que las coacciones a sus cargos públicos no son casuales y forman parte de una estrategia organizada premeditadamente desde sectores de la izquierda, parecida en cierto modo a la que se produjo en 2003 cuando comenzó la guerra de Irak y se producían ataques a las sedes del partido.