El Mundo informa este lunes de que el exbanquero Eduardo Pascual Arxé, uno de los antiguos dueños de la mediadora Vitalia, reconoció ante la juez Mercedes Alaya la existencia de pagos a los sindicatos mayoritarios y a "otras entidades vinculadas a los mismos".
Dicho de otro modo, se ha acreditado que, como dijo la juez, "los entornos de UGT y CCOO" cobraron de Vitalia casi 4,3 millones de euros en comisiones por facilitar que fuera esta consultora de previsión social la que gestionara las pólizas de prejubilaciones financiadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía.
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, ya admitió hace diez días que "los sindicatos cobraban una comisión por la negociación que llevaban en los conflictos laborales". Sin embaargo, los máximos responsables de CCOO-A y UGT-A lo niegan.
El ex dueño de Vitalia, en su declaración del pasado 23 de marzo, desveló incluso la existencia de "contratos entre sindicatos y Vitalia". En cuanto a las "entidades vinculadas" a los sindicatos a las que aludió Pascual en su declaración, se trata, según el mismo diario, de Atlantis Asesores SA, participada por CCOO, y Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis SA y Temiqui SA, por UGT, a través de las que facturaban una comisión de entre el 0,5% y el 1% del montante de las primas de prejubilaciones por una supuesta labor de asesoramiento y gestión en los ERE financiados por la Junta.
La juez Alaya sostiene que UGT y CC.OO cobraban sus comisiones por la "información privilegiada" sobre empresas en crisis que aportaban a las mediadoras, lo que abría oportunidades de negocio a aquéllas ante la eventual contratación de pólizas de prejubilaciones.
El papel de los sindicatos, clave
Alaya considera "peregrina" la explicación sindical que cobraban por tomar datos porque la consultora no los consideraba precisos. Según El Mundo, las empresas participadas por los sindicatos no realizaban en la práctica ningún papel real en la gestión de los ERE, pero el papel sindical era clave si se quería que prosperaran los acuerdos entre empresas y trasajadores en los ERE. Las comisiones percibidas eran, de este modo, una especie de impuesto por garantizar el acuerdo o la paz social.
El ex dueño de Viotalia, Eduardo Pascual, se refirió a Antonio Albarracín como la única persona que conocía los acuerdos con los sindicatos, pero la juez le responsabilizó del control personal de casi todo, acordar sobrecomisiones, incluir a intrusos y de colocar testaferros.
Es incuestionable que la juez Alaya ya ha deducido que los sindicatos UGT y CCOO eran, junto a Juan Lanzas, el ex director general Francisco Javier Guerrero, las mediadoras y el despacho de abogados Estudio Juridico Villasís, partes de la trama. De hecho impulsó la investigación sobre sus finanzas y sobre una fundación de UGT de Andalucía –la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía– en cuyo patronato figura Cándido Méndez.