La inédita decisión del juez José Castro de imputar a la infanta Cristina le ha colocado en el ojo del huracán y le ha valido críticas, más o menos matizadas, desde todos los ámbitos.
La veda se abrió a media tarde de este miércoles, cuando la Casa del Rey pasó del mutismo inicial con su genérico respeto a las decisiones judiciales a posicionarse abiertamente a favor de la Fiscalía y en contra del juez. Lo hizo expresando la "sorpresa" en Zarzuela con el cambio de posición de Castro y su "conformidad" con la posición del ministerio fiscal, contrario desde el principio a imputar a doña Cristina.
Un día después, los principales diarios, con alguna excepción, también hacían pública su discrepancia con el juez y su posicionamiento a favor de la infanta. La crítica iba desde el cuestionamiento a las formas del juez en el auto a acusarle de afán de protagonismo pasando por las "motivaciones espurias" de las que hablaba La Razón en su editorial.
Los partidos, mientras, han roto su silencio después de que lo hiciera Zarzuela y algún político también se ha salido de la habitual consigna de respeto a los jueces para defender a la Corona. El más expresivo ha sido Vicente Martínez Pujalte. Para el diputado del PP, el juez está poniendo "en solfa la dignidad de las personas" al mantener un proceso abierto "permanentemente", está colaborando con el "chantaje" de Diego Torres, el ex socio del duque de Palma, y también, en su opinión, actúa para aumentar "su protagonismo personal".
Desde la judicatura, al anuncio de la Fiscalía de que sigue sin ver indicios contra la infanta se suma el de algunos juristas como el abogado y fiscal en excedencia Ignacio Gordillo, que cree que estamos "ante una situación preocupante de indefensión" para la hija del Rey. Apunta que ha sido la presión mediática la que ha llevado a Castro a imputarla y ha sentenciado que es un procedimiento que no tiene "razón de ser".