Esa ha sido la confesión de las principales consultoras implicadas en la gestión de las pólizas aseguradoras de los prejubilados de los ERE, Vitalia y Uniter. Si Vitalia admitió, en sede judicial, haber entregado 4,2 millones de euros a los sindicatos por sus gestiones en los Expedientes de Regulación de Empleo, ahora ha sido la otra, Uniter, la que ha admitido, según El País, que ha entregado a UGT y CCOO 2,3 millones. Esto hace que lo percibido por ahora por UGT y CC OO ascienda a 6,5 millones de euros aunque no se descarta que hayan tenido otros ingresos de otros actores de los mismos expedientes.
Destapa el diario de Prisa que "al margen de los pagos identificados por la Guardia Civil desde Vitalia hasta "los entornos de UGT y CC OO" por 4,2 millones, fuentes de la otra consultora que tramitó los ERE andaluces, Uniter, confirman que la Junta les ha pagado 235 millones, de los que el 1% ha sido destinado a los sindicatos. Es decir, ambas centrales nacionales, a través de sus corredurías de seguros Atlantis e ITG, han percibido desde Uniter unos 2,3 millones, lo que en total supondría 6,5 millones para los sindicatos por el asesoramiento de los ERE entre 2001 y 2010."
La actitud de las organizaciones sindicales ha hecho dudar, no de que cobraron el dinero, sino quénes, dentro de su estructura, cobraron el dinero. De ahí, que Manuel Pastrana, secretario general de UGT, señalara a la sede central de UGT en Madrid como perceptora de los fondos. Igualmente CCOO aludía a la presencia de las federaciones nacionales en el cobro de las mismas. Ya está publicada la presencia de Fernández Toxo, en su calidad de responsable de una Federación, en los ERE andaluces. De hecho, Toxo, entonces secretario general de la Federaciòn Minerometalúrgica de Comisiones Obreras avaló en 2003 ante un notario la creación de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, en cuya junta directiva figuraban como presidente Manuel Pastrana (líder de UGT en Andalucía) y su homólogo en CC.OO.-A, Francisco Carbonero, en calidad de vicepresidente. El objetivo de la asociación era gestionar los cobros relacionados con los ERE.
Aunque lo han ocultado sistemáticamente por la mala imagen que proyectó sobre unos sindicatos que se lucran con los despidos de trabajadores, es un hecho denunciado con anterioridad que los sindicatos han cobrado unos honorarios por su intermediación en los ERE. Famoso fue el caso de Citibank en el que CCOO y UGT fueron denunciados por la CGT por haber cobrado por el ERE de dicha empresa. la defensa del caso que hizo la propia CCOO en una circular desveló que era un comportamiento habitual Decía la Circular lo siguiente:
"..... De lo único que somos culpables es de utilizar las herramientas legales a nuestro alcance para dar una solución a una parte importante de la plantilla. Por otro lado, Citibank no es una excepción: el 70% de los despidos producidos en España en 2011 se tramitaron a través de un ERE".
Pero en el caso de Andalucía, el pagador no ha sido una empresa privada sino la Junta que llegó a abonar a la consultora Vitalia hasta el 29% de comisión en un ERE gracias a la "gestión" del ex director general de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero. Las consultoras a su vez pagaban una comisión a los sindicatos, porcentaje que en Andalucía ha sido especialmente jugoso, en expresión de El País.
Es más, es que los sindicatos no elaboraron presupuestos para el cobro de sus comisiones. De los porcentajes en "gastos externos" de las consultoras, los sindicatos pescaron un 0,5% cada uno, con excepciones como el expediente de Delphi, en el que su porcentaje creció hasta el 1% y supuso una minuta de un millón de euros para cada sindicato.
Los sindicalistas justifican sus altos honorarios porque han llevado el peso de las negociaciones en las reestructuraciones de empresas: cálculos actuariales para determinar las cantidades que cada trabajador prejubilado debía percibir, asesoramiento por parte de economistas y abogados para cerrar las fórmulas de pago, y sobre todo la necesidad de resolver las dudas de todos los prejubilados durante los años que duraba el pago de las prejubilaciones, a veces más de una década. "No somos las hermanitas de la caridad y aquí se negocia un ERE para todos, afiliados y no afiliados. Tenemos una función: darle cobertura a los trabajadores", resume el vicesecretario general de organización de UGT Andalucía y número dos Francisco Fernández.
Pero los sindicatos facturaron los cobros por asesorar en los ERE sin que mediara un presupuesto detallado de sus servicios. En las negociaciones del expediente de Delphi se adjudicó a las centrales un millón para cada una sin que presentaran a la Junta un presupuesto detallado de sus servicios. La Consejería de Empleo sabía que la consultora Uniter derivaría este pago a los sindicatos, pero, sigue El País, "no se actuó de manera diligente y los sindicatos se aprovecharon de las vacas gordas".
Aunque la Junta ha eliminado las comisiones, aún le debe a las aseguradoras unos 300 millones de euros y habrá que ver cuánto de este dinero se destina al pago a sindicatos, bufetes de abogados, intermediarios y consultoras.
La Junta pagaba las manifestaciones contra sí misma
Destaca El País que "la paradoja más insólita en este caso ha provocado que la Junta pagara las manifestaciones de trabajadores en contra de su gestión en los ERE. Cientos de prejubilados acudieron el último año en autobuses para manifestarse ante la sede de la Presidencia de la Junta, en el palacio de San Telmo de Sevilla. La gasolina de esos autobuses provenientes de Linares (Jaén) y los bocadillos de los manifestantes habían sido pagados por la asociación de prejubilados 28 de Febrero, de Santana Motor (propiedad de la Junta). La Consejería de Empleo pagaba esta asociación, por lo que subvencionó manifestaciones en contra de la Junta.
CCOO ha anunciado una investigación interna para aclarar las acusaciones de cobrar comisiones ilegales pero no informan de sus trabajos. Hay que recordar que en 2009 su sección de textil y químicas (Fiteqa) de Málaga promovió una investigación para acabar con irregularidades de intrusos detectados en las pólizas. Pero la dirección regional de CCOO la frenó. "La otra investigación no sirvió para nada. Disolvieron la ejecutiva para que no pudiera hablar nadie. Ahora volverán a hacer el paripé", dijo un exmiembro de la comisión ejecutiva de Fiteqa en Málaga.
Quien frenó la investigación dentro de Comisiones Obreras fue Juan Antonio Florido, que está acusado por la policía de haberse beneficiado de cuatro pólizas a través de la consultora Vitalia. Florido era uno de los sindicalistas en los que se apoyó Guerrero para la negociación de los ERE.