Vendaval político en el caso ERE tras las declaraciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, mano derecha del presidente José Antonio Griñán desde hace muchos años. Aguayo dijo que consideraba responsables políticos a todos los consejeros de Empleo bajo cuyos mandatos había florecido el caso de los ERE, esto es, al menos dos: José Antonio Viera, actual diputado nacional y ex secretario general del PSOE de Sevilla, bajo cuya gestión se introdujo el "fondo de reptiles" y Antonio Fernández, ya imputado en el caso y que está en libertad bajo fianza.
Es lo que ha aprovechado el PP andaluz para lanzar el lema "De tres o cuatro golfos... a cinco o seis consejeros", entre los que cuenta a la propia Aguayo, a Griñán en su etapa de Consejero de Hacienda y a alguno más, responsable de la Consejería de Innovación de donde dependía la agencia IDEA, perejil de todas las salsas del caso de los ERE. Además, Sanz pidió la dimisión del consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía por mutilar un informe de los auditores para salvar a Griñán.
...A cinco o seis consejeros
El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, anunció ayer el PP mantendrá el recorrido parlamentario del caso ERE porque "ya no son tres o cuatro golfos sino cinco o seis consejeros" porque fueron varios consejeros los que tenían conocimiento de las irregularidades. Por ello, se preguntó "cuántos dirigentes de la Junta y del PSOE está dispuesto a sacrificar Griñán para salvarse y cuántas barricadas pretende construir alrededor de su despacho". Por ello, el PP andaluz pedirá la comparecencia de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del ex director general de Presupuestos y actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano; y de la ex interventora de la Junta de Andalucía, Rocío Marcos.
Sanz señaló que Martínez Aguayo debe explicar por qué señaló la responsabilidad de Viera y Fernández en la trama criminal de los ERE. Aseguró que estas declaraciones "abren un socavón definitivo en el Consejo de Gobierno". Recordó que en marzo de 2011 la consejera se fotografió junto a un carrito con los informes de la Intervención que advertían de las irregularidades en la concesión de ayudas y aseguró que no informó de ellos a Griñán. "Ese día –dijo- la consejera evidenció su responsabilidad política en la trama, por lo que desde ese momento Griñan la debía haber cesado".
El secretario general del PP andaluz señaló que Martínez Aguayo ha actuado nuevamente como "cortafuegos" de Griñán, aunque advirtió que "es demasiado tarde para cortafuegos porque el Presidente de la Junta está desbordado por los hechos y por la acción de la Justicia".
José Luis Sanz anunció que el PP pedirá también la comparecencia del ex director general de Presupuestos y actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, para que explique si en 2005 se produjo una reunión en la que se abordaron las irregularidades en el procedimiento que se seguía para la concesión de ayudas y aclare si se decidió continuar con el mismo procedimiento irregular.
Asimismo, el PP solicitará la comparecencia en el Parlamento de la ex interventora de la Junta de Andalucía Rocío Marcos que en julio de 2011 firmó un informe que advertía de las irregularidades. Sanz recordó que el PSOE vetó su presencia en la Comisión de Investigación, que fue solicitada por el PP.
El caso de Daniel Rivera
Según el auto de la juez Alaya, el ex director general de Trabajo, Daniel Rivera, tendrá que pagar una fianza de más de siete millones de euros por "permitir", al menos hasta abril de 2011, "el reparto indiscriminado" de dinero público "con ausencia absoluta de procedimiento legalmente aplicable".
Pero debe recordarse que Rivera fue nombrado por Griñán en abril de 2010 y trabajó a las órdenes del exconsejero de Empleo Manuel Recio. Y debe tenerse presente que es la propia Junta de Andalucía la que está pagando su defensa desde que fue imputado por la juez Alaya.
El PP andaluz pregunta por qué "Griñán pidió prisión para Guerrero y, sin embargo, pagó la defensa de Rivera cuando ambos permitieron el reparto indiscriminado del dinero público de los andaluces con ausencia absoluta de procedimiento según se recoge en auto judicial". Además, ante el hecho de que el ex consejero Recio dijo que ‘ponía la mano en el fuego’ por Rivera tras su imputación, el PP andaluz inquiere qué es lo que sabe Rivera para merecer tal trato de favor.
Dimisión del presidente de la Cámara de Cuentas
José Luis Sanz se refirió también al primer informe de la Cámara de Cuentas sobre este asunto, que ponía de manifestó que se estaba utilizando el procedimiento en fraude de ley y señalaba claramente que había responsabilidades penales, además de las administrativas y contables. Señaló que este primer informe es el que hicieron los auditores y fue modificado por el consejero mayor la Cámara de Cuentas. Afirmó que no es la primera vez que se pone en evidencia "el interés de quien preside la Cámara de Cuentas por salvar a Giñán de su responsabilidad en el caso, por lo que debería presentar hoy mismo su dimisión".
El dirigente del PP andaluz señaló que el actual consejero de Turismo Rafael Rodríguez, de Izquierda Unida, era consejero de la Cámara de Cuentas cuando se realizó el informe, por lo que tuvo conocimiento del trabajo de los auditores.
El papel de los sindicatos
Por último, Sanz expresó la "máxima preocupación" del PP sobre el papel que puedan haber tenido los sindicatos en esta trama. Agregó que el anuncio de una investigación interna de CCOO es "tranquilizador" pero "nos preocupa que UGT no haga todos los esfuerzos por explicar su papel".
En este sentido, afirmó que "no se entiende el cobro de comisiones por parte de los sindicatos por lo que sería bueno que compareciesen en el Parlamento para explicarlo".