El fallo que este martes ha hecho pública el TSJM sobre los despidos en Telemadrid rechaza en su fundamentación jurídica las argumentaciones defendidas por los sindicatos, que pretendían que se declarase nulo el proceso, y ratifica la mayor parte de los argumentos expuestos por la empresa.
Así, la sentencia mantiene que el Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades forman parte del sector público, pero no son Administración Pública como aseguraban los sindicatos, por lo que el procedimiento utilizado para los despidos habría sido, desde este punto de vista, el correcto: "Podemos concluir que la demandada es un Ente público que no se encuentra entre los regulados por el punto 3.2 de la Disposición Adicional 20 del E.T.", es decir, no se puede considerar parte de la Administración.
Además, se reconoce que tanto la tramitación como la negociación de todo el procedimiento ha sido correcta y ajustada a las reglas de la buena fe: "Las alegaciones de falta de buena fe en la negociación realizadas por los Sindicatos demandantes (...) no suponen, pese a los indicios que de contrario se pudieran sustentar, prueba de la existencia de mala fe", dice un pasaje de la sentencia.
También reconoce la sentencia la validez de los criterios de la empresa a la hora de seleccionar a los trabajadores despedidos, señalando también como correcta esta parte del proceso: "Los criterios utilizados en la selección de los trabajadores afectados no han sido discriminatorios, resultando la decisión de la empresa en este aspecto ajustada a derecho".
Finalmente, la sentencia admite que hay una causa económica en los despidos, sin embargo –y esto es lo que lleva al TSJM a declarar el proceso como "no ajustado a derecho"- no da por probado que las causas económicas aducidas justifiquen un número de despidos tan abultado como el que se ha dado: "Puede llegarse a la conclusión de que el recurso al despido masivo no está justificado porque la causa no está bien ponderada y el resultado no es razonable a la causa económica alegada", dice uno de los razonamientos, para aclarar que "no se ha acreditado que la reducción de plantilla adecuada a la situación negativa sea la que se ha propuesto".