El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, aportó documentación que vincula a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, con las ayudas ilegales concedidas al ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla –hermano del ex presidente autonómico–, para la construcción de una fábrica de corcho en el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas que aún hoy no se ha construido.
La firma de Carmen Martínez Aguayo, mano derecha de Griñán desde sus tiempos de Consejero de Hacienda, aparece en una orden en la que se acordaba la enajenación directa al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas de una parcela que finalmente obtuvo "gratis" Rodríguez de la Borbolla para montar un negocio que nunca existió. A continuación, Francisco Javier Guerrero le concedió la subvención justa para comprar la parcela al precio que fijó la Junta.
Según Bueno, el 21 de abril de 2004, el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas suscribió un convenio con tres empresas de Rodríguez de la Borbolla –Electron Service Line, Uprasa Inversiones y Enoworld– para asegurar unos terrenos. El Consistorio pondría a disposición el emplazamiento para la planta de corcho a coste cero. La operación se financió con cargo a la ya famosa partida 31L.
Según los datos aportados por Bueno, el 18 de mayo de 2005, Martínez Aguayo firmó una orden en la que se acordaba la enajenación directa al ayuntamiento de una parcela –terrenos de El Carbonal, propiedad del Gobierno andaluz y adscritos a la Dirección General de Patrimonio– al Ayuntamiento por la cantidad de 222.256 euros y ese mismo día el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, concedió una ayuda por la misma cantidad. El objetivo: la implantación del "mayor ionizador de España" en una zona con "alta tasa de desempleo".
"Si quedaba alguna duda sobre el conocimiento por parte del Gobierno andaluz y el uso de forma fraudulenta de los fondos, ellos mismos nos la aclaran": en 2007, Guerrero firmó un convenio con la agencia IDEA en el que confirma que esta operación estaba "consensuada", sentenció Bueno.
Según el presidente sevillano del PP, esta operación "redonda" permitió a Rodríguez de la Borbolla obtener "gratis" los terrenos de la Junta. Y como colofón, este "regalo" de los terrenos a Rodríguez de la Borbolla "no se habría llevado a cabo sin la ayuda del fondo de reptiles que organizaba Guerrero y sin la firma del consejero Griñán o, en su caso, la viceconsejera", que es como fue el caso.
La consejera Aguayo anunció que demandaría al dirigente popular, pero ha mostrado la documentación que "deja clara la vinculación con el entramado de la entonces viceconsejera". Y además se preguntó cómo era posible que la misma Consejera que señala con el dedo a dos ex consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía como responsables del escándalo y el fraude de los ERE y las ayudas ilegales, no se vea a sí misma como responsable.
La imputación de Rodriguez de la Borbolla
En marzo de 2012, la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, quien mediante un "entramado" de empresas "habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.
En el auto la juez Mercedes Alaya imputaba también a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, quienes "a través de un entramado de empresas" ubicadas la mayoría en la Sierra Norte de Sevilla "y valiéndose de sus contactos personales con la Junta" obtuvieron de la Consejería de Empleo ayudas por valor de 29.074.760,26 euros.
Pero fue la propia Junta de Andalucía la que pidió a la juez el pasado mes de octubre -solicitud que fue reiterada en enero- que imputase a Ángel Rodríguez de la Borbolla, que ha formado parte de los órganos de administración de varias empresas relacionadas con el sector del corcho, a alguna de las cuales la Junta incluye en una "presunta trama de empresas vinculadas", que ascenderían a 18 empresas, y que podrían haber cometido un fraude de 20 millones de euros, según informó en su día la consejera de Presidencia, Mar Moreno.
El País calificó como "giro de timón" esta actitud de la Junta de Andalucía todavía inexplicable que pareció recordar viejas luchas intestinas porque era la primera vez que la Junta solicitaba la imputación de los empresarios beneficiados por el fondo para empresas en crisis que contó con 647 millones. La participación de la Consejera Aguayo en la operación añade más perplejidad al caso.
El caso de Ángel Rodríguez de la Borbolla
Fue denunciado por el entonces secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, en octubre de 2011. Libertad Digital, un año antes, en su Tela de Araña publicó "Ángel Rodríguez de la Borbolla y el enigma de las subvenciones desaparecidas, VII". Según el PP andaluz, José Antonio Viera orquestó una operación de ingeniería financiera que otorgó ayudas de 9,3 millones del fondo de reptiles que se repartieron entre cuatro empresas.
Dos de ellas pertenecían al ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán. La operación consistió en la permuta de terrenos vendidos por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, gobernado por el PSOE, que fueron a parar al ex alcalde de la Borbolla. Según el PP, se trataba de nuevo de ayudas falsas, que se repartieron sin control a empresas que supuestamente debían crear empleo y que luego desaparecieron.
Se trataba de dos empresas relacionadas con la industria del corcho, Corchos de Cazalla y Corchos y Tapones de Andalucía (CORTANSA), que se fusionaron tras recibir 1,2 millones de euros cada una en julio de 2001, sólo unos días después de que se creara el conocido como 'fondo de reptiles'. Posteriormente, en febrero de 2004, estas mismas empresas recibieron dos subvenciones de 600.000 euros cada una. Estas últimas aparecen un acta del Consejo Rector del IFA firmada por el propio Viera. Además, Cortansa recibió en febrero de 2006 una nueva ayuda por valor de 1,2 millones de euros.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas adquirió parte de unos terrenos de una Antigua Fábrica Cementera que el Estado cedió a la Junta en 1991. Curiosamente, esos terrenos del Ayuntamiento fueron adquiridos por dos empresas propiedad del exalcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla, a quien la compra le salió gratis, ya que el dinero, 250.000 euros, le fue devuelto en forma de subvención por el Consistorio quien a su vez fue "compensado" por la Junta con otra subvención por el mismo importe procedente del 'fondo de reptiles'.
Las empresas propiedad de Rodríguez de la Borbolla son Enoworld y Eserline SL. Enorworld recibió 1,2 millones de euros en octubre de 2005 a través de un convenio con la Dirección General de Trabajo; Eserline, por su parte, recibió una ayuda económica a fondo perdido de 2.764.821 euros y 600.000 euros a través de IDEA para un proyecto de ionización del corcho que finalmente nunca llegó a ver la luz.
Parte de los terrenos que estas empresas adquirieron del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas se cedieron en febrero de 2006 a Cortansa. Para Sanz, se trataba de un "monumental escándalo de operaciones de ingeniería financiera" con la colaboración del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que es la que otorgaba las ayudas con la firma de Viera. "Golfería política sin precedentes" apostilló finalmente Sanz que se mostró dispuesto a "darle toda la información a Alfonso Guerra", cabeza de lista por Sevilla, quien conminó a que se devolviera todo el dinero robado a las administraciones.