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El juez investiga el listado de "promocionables" afines a la Junta de Andalucia

Recoge datos de cerca de 180 altos cargos de las distintas delegaciones y empresas públicas de Málaga.

Un informe interno de la Junta de Andalucía en Málaga recogió datos de cerca de 180 altos cargos de las distintas delegaciones y empresas públicas de la Administración regional en Málaga. La lista refleja que un total de 23 personas cuentan con la aprobación para promocionar, de los que 13 son afiliadas al PSOE, como se indica a su lado. De otras tres no consta esta información porque se supone que no se ha podido averiguar, pero hay otras cinco que junto al "Sí" en la columna de afiliación, entre paréntesis, se especifica "promociona» o «promocionar". Entre estos individuos hay algunos cargos orgánicos dentro de la ejecutiva socialista de Málaga e incluso en un listado de personal de confianza se recurre al parentesco para referirse a una persona: "marido de ..." o "compañera de Empleo de partido".

El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, y el delegado del Ejecutivo andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, han asegurado en las últimas horas que "no existe ese documento, asegurando que todos los mecanismos que la Administración regional tiene en marcha para cubrir los puestos están ajustados a la legalidad". Se refieren al documento que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llevó ante la Fiscalía de Málaga en julio de 2012 el documento, "una selección de funcionarios afines al partido, en la que no figura ningún dato profesional", por entender que "discriminaba a los empleados públicos de la Administración autonómica en función de su afiliación política". Pero el juzgado ha imputado a la secretaria de la delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y empleo, desde cuyo correo electrónico se envío el listado. 

El juez sí cree que el documento existe


El juzgado de Instrucción numero 3 de Málaga ha citado a declarar en calidad de imputada a María del Mar Martín Moreno, secretaria de la delegada de de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, por haberse enviado desde su ordenador un escandaloso documento que recogía datos de 180 directivos de diferentes delegaciones de la Junta y empresas públicas andaluzas en un listado que informaba sobre si el directivo de turno era afiliado al PSOE o no y si era merecedor de promocionar según su afecto por el PSOE. 

Pero además también ofrecía datos para que el receptor del mismo pudiese identificar a determinadas personas como afines o no al PSOE antes de proceder a su "ascenso". Aunque siempre han existido sospechas e incluso denuncias sobre el sectarismo enchufista del PSOE en la Junta de Andalucía, era la primera vez que tenía prueba fehaciente del procedimiento, una especie de "manual del sectarismo socialista". El hecho fue denunciado por CSIF y ahora el juez da impulso a la instrucción con esta citación. 

La importancia de la reactivación judicial de unos hechos denunciados en julio de 2012 es que el hecho de que se llame a declarar a la mismísima delegada de la Consejería en calidad de imputada hace pensar que el juez instructor cree que hay relación directa entre el ya famoso listado y la Junta de Andalucía

En el documento denunciado se encontraban los nombres de algunos cargos orgánicos dentro de la ejecutiva socialista de Málaga e incluso se recurría al parentesco para referirse a una persona: "Marido de ..." o "compañera de Empleo de partido". La difusión de la existencia de este informe, supuestamente elaborado en las altas esferas de la Delegación Provincial Economía, Innovación, Ciencia y Empleo provocó que algunos de esos altos cargos preguntasen a la CSIF si eran agraciados con un "promociona".

De las 180 personas, 23 personas eran consideradas "promocionables" y de ellas, 13 eran afiliadas al PSOE, como se anotaba junto a sus nombres para que se tuviera consciencia de ello. Segun ABC, de otras tres no constaba esta información porque se suponía que no se había podido averiguar, pero había otras cinco que junto al "Sí" en la columna de afiliación, entre paréntesis, se especifica "promociona" o "promocionar". En el documento aparecían las secretarías generales de las distintas delegaciones, puestos de coordinación, jefaturas de servicio y direcciones locales de algunas agencias y empresas públicas. Su exhaustividad era tal que, además del personal de las distintas delegaciones, también recogía datos de trabajadores del Distrito Sanitario Málaga, la Unidad Transitoria de Aguas y la Dirección General Cuenca Mediterránea Andaluza.

El listado de "enchufables" o "promocionables" vio la luz en vísperas de que la Junta diese a conocer las personas que ocuparían las delegaciones provinciales de las diferentes consejerías. Una decisión que el proceso congresual que vivió el PSOE fue demorando, a pesar de que hacía más de diez semanas de que se constituyó el nuevo Gobierno andaluz.

La delegada provincial incluso fue promocionada en su partido después de conocerse estos hechos y en la actualidad es secretaria de Relaciones Institucionales del PSOE malagueño y una persona muy vinculada al secretario general provincial, Miguel ángel Heredia.

Fue tras las elecciones autonómicas de marzo de 2012 y después de la reelección de Miguel Ángel Heredia como secretario general del PSOE en la provincia malagueña, cuando se filtró este listado con nombres de funcionarios de todas las delegaciones del Gobierno andaluz en Málaga afines al Partido Socialista, indicando incluso, en algunos casos, los que eran "promocionables".

La citación que abrirá el melón


María del Mar Martín Moreno, secretaria de la delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Marta Rueda, tendrá que comparecer en sede judicial el próximo 20 de mayo por la denuncia interpuesta en julio de 2012 por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y en la que se advertía de la supuesta comisión de delitos de prevaricación, tráfico e influencias y contra la protección de datos.

A pesar que los nueve folios del listado no llevan el membrete de la Junta o elemento identificativo alguno, argumento exculpatorio utilizado por Rueda y el PSOE es difícil negar su relación con la Junta de Andalucia por el contenido del mismo. 

Por ello, el juez tratará de establecer los distintos actores del caso y su grado de responsabilidad. La secretaria Martín Moreno tendrá que aclarar si elaboró ella misma el documento, cosa difícilmente creíble dada la cualidad de los datos incorporados que denotaban conocimiento orgánico de la situación de cada uno de los mencionados y su relación con el PSOE, y lo que es más increíble, deberá decir si decidió ella misma enviarlo por correo electrónico. Por ello, tras el primer testimonio de esta secretaria se espera se puedan ir atando cabos en la investigación. 

La CSIF en Málaga ya ha acusado a la propia Delegación de la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía de la elaboración del listado tras "haber comprobado que era éste el entorno desde el que el documento partió a los demás organismos". Por ello, cree que la secretaria de la delegada no es más que una "cabeza de turco" en el caso, que para la central sindical "apunta a Rueda como última responsable de la citada Delegación Provincial", una señora que, por cierto, se personó en el juzgado para interesarse por el caso, afirmaron fuentes consultadas.

La CSIF exige tanto a Rueda como a la dirección del PSOE en Málaga que expliquen el documento, así como que determinen y asuman las responsabilidades que corresponda.
 

Datos desprotegidos

Este caso también fue denunciado en la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, que "no detectó la más mínima infracción administrativa en lo que el juzgado ve un posible delito". Del mismo modo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios llevó el listado igualmente ante la Agencia de Protección de Datos, ya que podría atentar contra el derecho a la intimidad.

Han sido muchos los empleados y funcionarios de la Junta de Andalucía en Málaga los que acudieron a los representantes sindicales de CSIF, para saber si sus nombres aparecían en este informe interno elaborado en el entorno de la Delegación del Gobierno a pocas fechas de la reestructuración de cargos por la presencia en el Ejecutivo regional de Izquierda Unida. 

"La polémica, explicó CSIF, ha desatado una oleada de llamadas y visitas a esta central solicitando información sobre la inclusión de determinados nombres, algunos de parte de terceros, en el documento interno de la Junta", explicó en un comunicado el sindicato, que incluso aseguró que varios interesados han querido conocer si concretamente algunos de los afortunados, junto a los que se indica que promociona, son afiliados de IU".

"Según los datos de afiliación y promoción de la relación de nombres que este sindicato ha denunciado, se vislumbran algunos cargos susceptibles de promocionar al frente de diversas delegaciones", apuntaron, para precisar que, "entre ellas se encuentran las delegaciones de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la de Agricultura y Pesca y la de Igualdad y Bienestar Social".

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