El sindicato UGT (Unión General de Trabajadores) ha aprobado este sábado en su 41 Congreso confederal limitar a 12 años el tiempo máximo que, a partir de ahora, podrá permanecer en el cargo un secretario general, es decir, durante tres mandatos consecutivos, ya que en circunstancias normales cada uno se prolonga durante cuatro años.
Esta decisión se producía unas horas antes de que Cándido Méndez fuese reelegido en el cargo para los próximos cuatro años, lo que supone que sumará un sexto mandato a su dirección, que se remonta al año 1994. Recibió el 86,32 por ciento de los delegados asistentes. En concreto, de los 569 votos emitidos, la lista encabezada por Méndez obtuvo 486 votos a favor, 77 en blanco y seis nulos.
Además del secretario general, fue elegida la nueva Ejecutiva, que ha reducido su número de trece a diez miembros. Todos ellos ya estaban presentes en la anterior. En concreto, la formarán, además de Méndez, José Javier Cubillo (Organización, Comunicación y Coordinación del Área Interna); Toni Ferrer (Acción Sindical y Coordinación del Área Externa), Almudena Fontecha (Igualdad), Antonio Retamino (Tesorería), Teresa Muñoz (Formación), Frederic Monell (Participación Sindical e Institucional), Carmen López (Política Social), Ana Micó (Política Territorial y Movilización), y Marisa Rufino (Salud Laboral y Medio Ambiente).
Otras resoluciones aprobadas son que en las empresas o centros de trabajo con al menos dos afiliados habrá cobertura sindical. Exige también que se instaure una renta básica para superar la pobreza, una reforma de la ley hipotecaria y de enjuiciamiento civil para que entre en vigor la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, con aplicación retroactiva, y propone que se extienda la protección por desempleo a los empleados de hogar y que se destine a políticas activas de empleo lo que se obtenga del fraude fiscal.
El sindicato ha acordado solicitar la creación de una comisión de investigación parlamentaria que "depure las responsabilidades de las instituciones financieras durante la crisis", y defiende la creación de una banca pública, que nazca de las entidades nacionalizadas y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Una reforma constitucional que permita a la ciudadanía la convocatoria de consultas vinculantes, una ley orgánica para financiar el sistema educativo y la defensa de la normativa actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo son otras de las demandas legislativas acordadas.
La transformación de España en un modelo federal y el cambio del modelo productivo fundamentado en I+D+i, en la especialización y acompañado de un nuevo modelo energético son otras de sus reivindicaciones. Dentro de este modelo, propone que las redes de transporte y almacenamiento de gas y electricidad estén bajo control público.
En negociación colectiva, plantea que se establezcan cláusulas de igualdad y que no pueda haberse incumplimientos de ellas (los conocidos como descuelgues empresariales) y que hombres y mujeres cobren lo mismo.
La democratización de la Unión Europea, el establecimiento de un impuesto internacional a las transacciones financieras, la eliminación de los paraísos fiscales y la regulación de las agencias de calificación completan sus propuestas para los próximos cuatro años.